La actual administración comunal de Oliveros, encabezada por el presidente comunal Martín Calori, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante la gestión anterior. La Comuna también solicitó formalmente constituirse como querellante en la causa que investiga una suma de más de 43 millones de pesos extraídos sin documentación respaldatoria.
Según consta en la denuncia, el 15 de enero de 2024, el Nuevo Banco de Santa Fe alertó a la Comuna sobre extracciones de dinero en efectivo por un total de $43.051.075 entre los meses de julio y septiembre de 2023, un movimiento que superaba ampliamente el promedio de operaciones del perfil de la cuenta comunal. El banco exigió explicaciones formales sobre el destino de los fondos, documentación respaldatoria y detalles de dos cheques específicos: uno por $5 millones (06/09/2023) y otro por $4 millones (01/09/2023).
La actual gestión respondió a esa solicitud enviando cartas documento a los exintegrantes de la Comisión Comunal: Alfredo Bruno Chiminello (entonces presidente comunal), Débora Giardino, Marina Klaus, Andrés Lus y el exsecretario administrativo Rubén Polidoro. Sin embargo, ninguno de los exfuncionarios brindó respuestas ni rendiciones de cuentas dentro del plazo estipulado. Fueron citados para presentarse ante la Justicia el próximo 27 de mayo.
A raíz de estos hechos, la Comuna de Oliveros, con el patrocinio del abogado Dr. Sebastián Darrichón, formalizó la denuncia ante el MPA, solicitando también la intervención de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos. En el escrito se señala una posible comisión de delitos como malversación de fondos públicos (art. 261 del Código Penal), incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248) y, de forma provisional, enriquecimiento ilícito (art. 268).
En respaldo a la denuncia, se acompañó documentación notarial que constata la inexistencia de balances firmados de los años 2022 y 2023, los cuales nunca fueron presentados por la gestión saliente. La constatación fue realizada por el escribano Martín José Bonati, en escritura pública Nº 208.
“Estamos ante una situación de extrema gravedad institucional”, expresó el presidente comunal Martín Calori. “Nuestra responsabilidad con los vecinos es garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y acudir a la Justicia cuando hay indicios tan claros de una posible apropiación indebida de fondos”.
La Comuna formalizó también la solicitud de constituirse como parte querellante en el expediente, con el objetivo de colaborar activamente en la investigación, promover medidas de prueba y velar por los intereses de la comunidad.
Las investigaciones continuarán en las próximas semanas, con el objetivo de determinar responsabilidades y recuperar los fondos faltantes.
