El sueño de la casa propia se transformó en una pesadilla para cientos de familias de la región. Una serie de denuncias públicas expuso el accionar de Grupo Roma en torno a la comercialización de desarrollos inmobiliarios que, a pesar de haber sido cobrados en su totalidad, presentan graves demoras, falta de habilitaciones provinciales y obras de infraestructura pendientes. Los casos más resonantes se concentran en la localidad de Ibarlucea y fueron dados a conocer a través del programa Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.
El testimonio de Andrea Bula, compradora de un terreno en el barrio El Naranjo 2 (Ibarlucea), grafica la parálisis del sector. Tras comenzar a abonar su lote en 2021 y acumular pagos por alrededor de 30 millones de pesos, la entrega prevista para octubre de este año quedó truncada. “El desarrollo está suspendido porque no tiene las habilitaciones”, relató la damnificada, quien además denunció haber recibido una insólita respuesta por parte de los responsables comerciales ante sus reclamos: “Nos dijeron que nos arriesgamos por comprar esto barato”.
La controversia en Ibarlucea suma un componente institucional. Durante su testimonio radial, Bula expuso públicamente presuntos vínculos entre personas relacionadas con el desarrollo inmobiliario y autoridades de la comuna local. La denunciante aseguró que Grupo Roma llegó a contar con un puesto de ventas durante una actividad oficial organizada por la comuna, y señaló que la persona que intervino como nexo en su operación inmobiliaria mantenía una relación laboral directa con la administración local.
Otro de los damnificados en la misma localidad es Nicolás, quien adquirió un lote en Campo Madero 1 durante el año 2020. Tras terminar de pagarlo en 2023, enfrentó una demora de tres años y medio para que el proyecto consiguiera el apto ambiental. Superada esa instancia, el desarrollo chocó con un nuevo obstáculo de infraestructura: el tendido eléctrico. Dos líneas de alta tensión atraviesan el sector y la Empresa Provincial de la Energía (EPE) exige adaptar el proyecto para conectar los transformadores. Mientras la EPE sostiene que la tarea corresponde estrictamente al desarrollador, la empresa deslinda responsabilidades, dejando a los compradores sin suministro de luz.
El conflicto con Grupo Roma no se limita al corredor de la Ruta 34, sino que se extiende a otros puntos de la región como Soldini, Zavalla y General Lagos. En esta última localidad, la compradora Marina García Calvo denunció que en 2021 pagó 27 mil dólares por un lote en el desarrollo Vita, cuya entrega estaba pautada para 2023, pero por falta de habilitaciones aún no tiene la posesión. Frente a la acumulación de reclamos en la Defensoría del Pueblo y Defensa del Consumidor, los compradores de Ibarlucea y la región advirtieron que iniciarán acciones judiciales si no obtienen respuestas concretas.
