El abogado Juan Lewis, quien defiende a tres de los diez imputados en la causa por presunto espionaje ilegal durante la gestión de Marcelo Sain en el Ministerio de Seguridad provincial, aseguró que “en este caso lo que falta es seriedad” y criticó el desempeño de los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, ya que consideró que avanzaron en una investigación sin pruebas concretas para probar que exista delito.
“Lo dijo un camarista (Sebastián Creus): desde la propia Fiscalía no aportaron elementos mínimos que acrediten que hubo espionaje”, expresó Lewis, quien no dudó en evaluar que “lo que falta en este caso es seriedad”.
“Nuestra hipótesis es que quienes iniciaron esta causa son personas vinculadas con la organización política del señor (Maximiliano) Pullaro, que prácticamente son los únicos testimonios de cargo que existen. Son testimonios diferentes unos de otros, hasta podríamos decir que cuentan anécdotas sin que los fiscales les hagan muchas preguntas, sino que los dejan hablar para que se explayen. Muchas declaraciones parecen una catarsis de resentimientos con respecto a algunos de los imputados”, continuó el exministro de Justicia en diálogo con Marcelo Fernández en “Con sentido común”, por CNN Radio Rosario.
“A alguien le vendieron la hipótesis del espionaje y con eso se largaron a investigar. Lo único que encontraron hasta ahora es algo que, notoriamente, no es espionaje”, agregó.
El caso y las filtraciones
En noviembre de 2021, los fiscales santafesinos Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández ordenaron allanamientos en las sedes de Rosario y Santa Fe del Ministerio de Seguridad provincial en el marco de una investigación por la supuesta violación a la ley 25520 de Inteligencia. Señalaron al exministro Sain y a un grupo de colaboradores como armadores de un presunto esquema de trabajo para realizar tareas de espionaje ilegal sobre políticos, empresas y hasta ciudadanos comunes.
No obstante, desde aquellos convulsionados días el tema salió de la agenda y se apagó el interés mediático. Tampoco han surgido hasta el momento pruebas concretas que demuestren el delito de espionaje. “Lo único que veo es que hubo intención de operaciones periodísticas para sostener la causa. Como si hubiera existido una especie de coordinación con parte de la prensa para inflar el caso. Esta connivencia generó un perjuicio para nuestros defendidos, y esto ya lo plantée judicialmente. Hemos pedido investigaciones al respecto que están paradas en la Fiscalía de Santa Fe. No avanzan. No rechazaron los pedidos pero tampoco investigan”, señaló Lewis.
Al abogado le llama la atención que ciertos medios de comunicación hayan tenido por entonces mucha información sobre el caso, más de la que el Ministerio Público de la Acusación difundía públicamente. “En esta causa se filtraron (a la prensa) cosas que no son reales pero que se filtraron de todas maneras, como una lista de nombres que ha generado cierta inquietud en la ciudadanía por cómo se trabaja en la Justicia; es evidente que la Fiscalía debería dar explicaciones en ese sentido e investigar qué pasó”, dijo.
En el mismo sentido, analizó: “Hay intereses que en principio parecen disímiles pero que tienen algo en común. Y así es que uno encuentra a empresarios, políticos y funcionarios judiciales ávidos de ascensos que confluyen en una causa como ésta”.
Para Lewis, “estaría muy bien que la Corte (Suprema de Santa Fe) dijera algo sobre todo este dislate”, ya que “la cuestión jurídica está muy clara en el legajo, por eso confío en que la Corte puede tener una palabra clarificadora”.
“El problema es que se permita avanzar con esta clase de operaciones. Los fiscales hasta el día de hoy siguen hablando de espionaje sin que se les mueva un pelo. Entiendo que los órganos más importantes deben pronunciarse para que el Poder Judicial no se convierta en un espacio de operaciones”, concluyó.
