El eje de la polémica es la decisión de mantener a la soja dentro del grupo de materias primas con “alto riesgo” por Cambio Indirecto del Uso del Suelo (ILUC). Bajo ese criterio, Europa prevé recortar de forma progresiva, hasta 2030, el uso de biocombustibles derivados de este cultivo dentro de sus metas energéticas.
Desde EPAS advirtieron que la medida no es menor: la Unión Europea es uno de los principales mercados para el complejo sojero, por lo que cualquier limitación repercute de inmediato en exportaciones, precios y planificación productiva. “Se afecta la previsibilidad de toda la cadena y se alteran flujos comerciales ya consolidados”, señalaron en el documento conjunto.
El cuestionamiento también apunta a la metodología utilizada por Europa. Según los legisladores, el bloque asume que el aumento de la producción implica necesariamente expansión de la frontera agrícola, sin contemplar mejoras en rendimiento y tecnología que permiten producir más sin ampliar superficie.
Además, remarcaron una inconsistencia en los criterios: mientras el sistema ILUC toma como referencia el año 2008, la normativa europea sobre productos libres de deforestación fija 2020 como fecha de corte. Para EPAS, esa diferencia distorsiona la evaluación real del impacto ambiental de la producción sudamericana.
Ante este escenario, los representantes de Argentina y Paraguay propusieron abrir una mesa de diálogo técnico con la Unión Europea. El objetivo es revisar los parámetros utilizados e incorporar datos actualizados, incluyendo sistemas de monitoreo satelital y marcos legales vigentes en la región.
La advertencia es clara: si no hay cambios, la nueva regulación podría redefinir el negocio de la soja en Sudamérica, con consecuencias que irían desde la pérdida de mercados hasta el golpe en los ingresos de pequeños y medianos productores.
