Un abogado penalista de la ciudad de San Lorenzo fue víctima durante meses de amenazas, aprietes y exigencias económicas. Esto ocurrió luego de asumir la defensa en una causa resonante de abuso sexual. Esta causa estaba, inicialmente, en manos de otro letrado de la misma jurisdicción. La situación incluyó pagos millonarios en pesos y dólares bajo intimidación. Esto derivó en una investigación penal que ahora abre una hipótesis de mayor alcance. Se sospecha la posible existencia de una organización dedicada a extorsionar abogados, víctimas e imputados para apropiarse de causas penales.
El caso es investigado por el fiscal Aquiles Balbis, quien logró reunir un voluminoso paquete probatorio. Esto permitió imputar a un hombre identificado por sus iniciales H.A.G. El hombre fue señalado como autor de una extorsión sostenida en el tiempo. Tras la audiencia imputativa, el juez resolvió dictar prisión preventiva por seis meses, mientras avanza la preparación del juicio oral.
El origen del conflicto
Según consta en la imputación, el inicio de las amenazas se remonta al momento en que el abogado denunciante asumió la defensa técnica de una causa de abuso sexual. Este caso había estado previamente a cargo de otro profesional. Ese traspaso fue público y conflictivo. Incluso hubo una discusión entre ambos letrados en la puerta de los tribunales. Este episodio quedó registrado y marcó el quiebre definitivo.
A partir de allí, el imputado —que no es abogado— comenzó a hostigar al nuevo defensor. Le reclamaba dinero bajo el argumento de que había “perdido” una ganancia económica. En los mensajes y audios incorporados a la causa, el acusado hace referencia reiterada a una suma de 35.000 dólares. Además, exige el “20%”, monto que, según la investigación, aludiría a lo que él habría cobrado si el caso no hubiera cambiado de manos.
“Yo quiero lo mío”: el patrón de la extorsión
Las amenazas se repitieron de forma persistente entre septiembre y noviembre, combinando abordajes personales, mensajes de WhatsApp, audios y llamadas telefónicas. Bajo ese clima de intimidación, la víctima terminó entregando distintas sumas de dinero en efectivo y realizando transferencias bancarias.
Entre los mensajes incorporados como prueba, se destacan frases como:
“Yo te cobré el 20% porque entendí que habían cobrado 10 mil dólares. Ahora sé que fueron 30 mil. Me debés cuatro mil más.”
“O arreglamos hoy o bancate las consecuencias. Donde te cruce te rompo todos los huesos.”
“No me hagas agarrar más bronca porque voy a ir a buscarte.”
En otro audio, el imputado insiste en cerrar el “arreglo” con una nueva exigencia económica:
“Pasame dos millones y cerramos todo. Si no, yo ya sé lo que tengo que hacer.”
El fiscal Balbis detalló que las exigencias económicas incluyeron pagos en dólares estadounidenses y transferencias en pesos. Estas se hicieron a cuentas vinculadas al imputado y a su entorno familiar. Además, hubo entregas pactadas en bares, esquinas céntricas y dependencias públicas de San Lorenzo.
Prisión preventiva y una causa que puede escalar
Con el avance de la investigación, el Ministerio Público de la Acusación logró documentar el circuito completo de amenazas, pagos y comunicaciones. Esto incluyó peritajes sobre teléfonos celulares, informes de titularidad de líneas telefónicas, audios originales y registros bancarios.
Ante ese cuadro, el juez interviniente dispuso la prisión preventiva por seis meses. Consideró acreditado el riesgo de entorpecimiento de la investigación y la gravedad de los hechos imputados, calificados como extorsión en grado consumado.
Fuentes judiciales no descartan que la causa pueda ampliarse. La mecánica descripta —aprietes vinculados a causas penales, reclamos de porcentajes sobre honorarios y amenazas directas— abre la puerta a investigar si se trata de un hecho aislado o de un esquema más amplio. Este esquema podría estar destinado a condicionar el ejercicio profesional en el fuero penal.
El rol institucional
En ese contexto, se espera que el Colegio de Abogados de San Lorenzo analice el caso. Además, se busca que evalúe su intervención institucional. El objetivo es garantizar el libre ejercicio de la profesión y resguardar a los abogados frente a presiones ilegales, en una causa que ya genera fuerte preocupación dentro del ámbito judicial local.
