La Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de la provincia de Santa Fe emitió una intimación formal contra la asociación civil rosarina AEVAS (Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales). El organismo provincial determinó un plazo estricto de cinco días hábiles para que la ONG regularice su situación registral, luego de constatar que la entidad no presenta sus balances ni su memoria contable desde el año 2019.
Esta medida administrativa responde a una solicitud impulsada por actores civiles y denunciantes penales —en el marco de causas caratuladas mediáticamente como “falsas denuncias”—, quienes reclaman acceso a la información pública sobre cómo se financia y se estructura la organización.
El requerimiento de la IGPJ a AEVAS
La resolución del organismo de control santafesino se centra en la falta de transparencia administrativa de la asociación. En concreto, la intimación exige:
- La presentación inmediata de los balances contables adeudados correspondientes a los períodos 2019 en adelante.
- La actualización de la documentación institucional, incluyendo las actas de asambleas y la nómina de autoridades vigentes.
- La demostración del manejo económico, detallando los fondos utilizados para su funcionamiento y actividades.
El trasfondo: causas judiciales y reclamos de transparencia
AEVAS es una asociación civil sin fines de lucro, integrada por profesionales de la psicología, el trabajo social y la abogacía, que tiene como objeto de estudio e intervención los casos de violencia de género y abusos sexuales. Su accionar tiene influencia en toda la región sur de la provincia, incluyendo los tribunales de Rosario y el cordón industrial (San Lorenzo).
Sin embargo, en el último tiempo, la entidad y algunos de sus profesionales han quedado en el centro de la polémica. Abogados penalistas y agrupaciones de familiares que denuncian haber sido víctimas de “falsas denuncias” en fueros de familia y penales, comenzaron a exigir que se investigue el accionar de estas ONG.
El planteo ante la IGPJ busca desentrañar si existen irregularidades en la matriz económica de la institución o si esta recibe aportes que comprometan su objetividad al momento de intervenir o asesorar en causas judiciales de alta sensibilidad. Si AEVAS no cumple con el requerimiento en el plazo de cinco días, podría enfrentar severas sanciones administrativas que pongan en riesgo su personería jurídica.
