(*) Por Bernardo Basombrío, especial para SL24
La cantidad de veces que el gobierno de los Kirchner atacó al campo tuvo diversos resultados. En diciembre de 2005 Blanca Osuna y Patricia Vaca Narvaja desde la Cámara de Diputados de la Nación hicieron una declaración de beneplácito por el cierre de exportaciones de carne, ordenado por Néstor Kirchner.
El año 2008 tras 129 días frenéticos los productores pusieron el hombro en la ruta y a cara de perro los frenaron. La votación por la Resolución 125 en el Congreso cerró el tema, humillando al matrimonio. El jefe de Gabinete era Alberto Fernández; renunció y se guardó como pieza de ajedrez.
Siguieron cupos para exportar, diversos permisos, diferentes tipos de cambio, controles de precio y aprietes, corrientemente. Dejar en paz al campo fue un lema que se hizo oír, ese tiempo.
Se creó la altisonante Cámara de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), puesta en manos de Ider Peretti, quien cobró cuotas de membresía en una cuenta bancaria en común con su mujer. En criollo, una asociación ilícita a medida y beneficio.
Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio, quería contrarrestar a las grandes cerealeras multinacionales, la Cámara de la Industria Aceitera-Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC). La política ostentó la rareza de que el litro de aceite comestible valiera menos que uno de agua.
Las pretensiones sobre el control del comercio agropecuario o el reflote de una Junta de granos siempre fue una idea de primera línea, aunque no se plasmó. La mirada recaló sobre la estructura de Agricultores Federados Argentinos (AFA), la cooperativa de la Federación Agraria Argentina (FAA).
Norberto Yauhar, entonces ministro de Agricultura, y el sucesor Julián Domínguez personificaron la estrategia de sutil ahogo que incluyó al jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray.
La iniciativa era modificar el comercio agrícola interviniendo en los mercados de trigo y maíz para cambiar la relación comercial entre exportadores y entidades cooperativas y acopios. Con ese sistema ningún productor podría tomar coberturas de precios a futuro hasta tanto no hubiere sembrado y declarado ante la AFIP tal acción. Todo, financiado por el Estado. El cambio de signo de gobierno en el 2015 dejó las cosas sin efecto.
El 2019 devolvió a escena de gobierno a Alberto y Cristina Fernández. La oportunidad de cobro en la renta o el comercio del campo sobrevino con la crisis de Vicentín. La política embarró la cancha y enrareció el aire el caso con azufre. El Presidente, desde que entró en escena y hasta hace muy poco, explicó intenciones sobre la compañía y el comercio agropecuario. Legisladores santafesinos con sectores de la justicia y de la prensa hicieron juego, también.
El 4 de diciembre se cumplen cuatro años desde que la aceitera tuvo su cesación de pagos, derivado de un combo explosivo con ejes en corrida granaria, bancaria y devaluación. Dos meses más tarde llegaba el Concurso preventivo.
El primer cuatrimestre del 2020 encaró cinco negociaciones frente al Banco Nación, que en síntesis proponían el pago total de la deuda a seis años. Incluía a la banca pública y privada local, los bancos extranjeros y los acreedores granarios. Nadie iba a dar un paso si no lo hacía el Nación, por obvias razones políticas.
El 9 de junio del 2020 Fernández anunció el proyecto de expropiación y la intervención sobre la compañía. La reacción social escaló a nivel nacional y fue el primer traspié y pérdida de imagen política importante que sufrió en su gestión el flamante mandatario.
El derrotero judicial del concurso sobrecargó en exigencias a la Compañía y el Juez Fabián Lorenzini siempre dictó resoluciones que desconcertaron. Hizo pesar sutilmente su tendencia: nunca recibió a las autoridades de la concursada.
El interventor Luciano Zarich tomó posesión formal en la sede central, tras firmar un acta de ingreso “sin consentimiento” y, la familia quedó desplazada del managment. El magistrado corrió al Gobierno de las oficinas, pero habilitó a que un veedor quedara encima.
Tras el plan fallido del gobernador Perotti se sucedieron allanamientos, medidas cautelares, auditoria forense, interventores, presiones de legisladores y otras sobre exigencias. En abril del 2020 el juzgado aprobó la propuesta de pago fijando el Fin del período de exclusividad, Art. 43 de la Ley, para junio de ese año.
La Corte Suprema de Santa Fe apareció arbitrariamente, con un improcedente pedido de Avocación, paralizando nueve meses la causa. Ahora, los tiempos políticos cambiaron radicalmente para Rafael Gutiérrez, el presidente es candidato perfecto a un juicio político por esa aberración.
Al momento en que se cumplieron las formalidades legales establecidas para avanzar, el Juez natural alegó violencia moral, pretendiendo apartarse de la causa cuando debía tomar la decisión final. La motivación tuvo raíz en las agresiones de Gustavo Feldman, abogado litigante lo que le valió una denuncia –desestimada- ante el Tribunal de ética.
Lorenzini proclamó la existencia de un acuerdo de mayorías que, Vicentín cumplió holgadamente: 63 % de las cápitas y 73 % del capital. Sin embargo, y tras un test de quiebra -como quien da vueltas para no resolver- declaró insuficiente el mismo planteo de pago convalidado en abril de 2022. Rechazó el pedido de impugnación de los acreedores porque la concursada solicitaba la homologación. Ese dictamen ofrece la fina lectura de la gruesa contradicción del magistrado. Si rechaza la impugnación, la lógica es que avale la homologación.
El juzgado abrió el Cramdown, una instancia de la Ley de Concursos para que terceros hagan una oferta superadora a la de Vicentín. Ello motivó un Recurso de apelación con efecto suspensivo que fue denegado, por lo que la empresa recurrió ante la Cámara. Admitida la instancia –con autoridad magistral-, ahora el Tribunal debe resolver la cuestión de fondo: la homologación, a falta de fortaleza en el carácter resolutivo de la medida, tomada por Lorenzini. El análisis a su línea, en perspectiva, lo desdibuja.
En la justicia Penal se conoce el acompasado baile del juez colegiado, Hernán Postma con el abogado litigante Feldman. De su parte, el gobernador entrante, Maximiliano Pullaro avisó hace poco: “Respetando la Ley se hubiese resuelto esto tiempo atrás. Si se junta la mayoría de los acreedores se hubiese resuelto la situación. Nunca se puede utilizar la justicia penal para extorsionar, en definitiva”.
La inacción de Lorenzini coloca peligrosamente en falta a su foja por no mediar para levantar urgentemente las cautelares que pesan sobre las acciones de la compañía. El Juez Román Lanzón en una audiencia celebrada en agosto pasado llamó al orden al librarle oficio indicando que el colegio de jueces penales de Rosario no tiene injerencia alguna en el análisis ni en la homologación de la propuesta de acuerdo preventivo, ni en el concurso de Vicentín.
Curiosamente, el Banco Nación retiró su apelación para impugnar la resolución del Juez. Grassi, quedó en soledad absoluta con su hostilidad. Fuentes de la entidad sostienen que fue –otra vez en esta saga- un botín de cambio que ordenó el Presidente para contrariar a Cristina Fernández y Sergio Massa.
La teoría de que el Nación se evite pagar Costas resulta menos probable, habida cuenta que lo último que hacen los funcionarios es cuidar el erario público. Amén de ello, numerosos dependientes de la alta gerencia reconocen el crimen cometido por malograr el virtuosismo derramado por Vicentín durante su historia hacia el banco, la región y el país.
Pullaro tiene sintonía con el ganador del balotaje presidencial. La llegada de Javier Milei a la Casa Rosada echa por tierra cualquier apetencia extra; fin de ciclo a otra película de intento apropiatorio sobre el campo.
Enfatizando el pronto levantamiento de las cautelares es altamente probable que se homologue para Navidad y, los estratégicos se hagan cargo. Los “nacionales y populares” cometieron un daño irreparable al hacerle perder la empresa a la familia, que se había metido codo a codo entre las multinacionales marcando la cancha.
Si en ese vaivén de ida y vuelta, como contexto y en lo que va del siglo, los u$s 200.000.000.000.- apropiados al campo por retenciones hubieran hecho su alquimia real ¿Cuánta más bonanza hubiera sucedido? Quizás Vicentín, por fruto del derrame de ese trabajo genuino, no hubiera necesitado pagar u$s 500.000.000.- de intereses bancarios por préstamos, entre los años 2014 y 2019.
Una historia llena de zozobra o el escenario de un drama que, acaso, en condiciones de país normal, nunca tuvo que haber ocurrido.
(*) Periodista, editor y autor de ¡Exprópiese! El caso Vicentín
