A la altura del kilómetro 345 del río Paraná, frente al Campo de la Gloria, el buque granelero de bandera de las Islas Marshall, “Princesa María”, se encuentra retenido por la Prefectura tras derramar fluidos oleosos en el agua mientras estaba amarrado en el puerto de Vicentin.
Por este caso hay una investigación fue impulsada de oficio por el fiscal federal Claudio Kishimoto, a cargo de la Fiscalía Federal N° 2 de Rosario donde se investiga el vaciado de la sentina del buque, un compartimento ubicado debajo de la sala de máquinas donde se acumulan aguas residuales mezcladas con hidrocarburos, aceites y otros derivados del petróleo.
El derrame de estos fluidos en el río puede tener consecuencias gravísimas para el ecosistema acuático. Los hidrocarburos no solo contaminan el agua, sino que también afectan a la fauna, dañan la vegetación costera. Por eso, las normativas internacionales son muy claras: arrojar fluidos oleosos al agua está prohibido y es un delito ambiental.
Por lo pronto, las autoridades y las empresas involucradas guardan silencio, mientras crecen las sospechas de negligencia en esta peripecia. Con omisión de los graves daños ambientales, este tipo de incidentes también genera demoras importantes en la logística del transporte de granos, con el consecuente impacto económico.
Tras la investigación, la Justicia deberá determinar si el vaciado de la sentina fue producto de un acto negligente o una maniobra deliberada realizada durante la noche, como tristemente suele suceder en algunos casos para evadir controles.
Igualmente, se cuestiona a las autoridades de Prefectura de San Lorenzo sobre los controles realizados a las embarcaciones que arriban a la zona y amarran en el puerto. Se investiga por qué fallaron los protocolos de contención para prevenir un incidente de esta magnitud, que debería haber sido evitado con medidas preventivas más estrictas.
