La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario se pronunció con dureza contra la manera sistemática con que la Legislatura de la provincia, a su criterio, se comporta desde 2017 con el propósito de conseguir “el disciplinamiento de sus órganos”, en referencia al MPA.
Los fiscales y funcionarios de fiscalías de Rosario se refirieron a la secuencia de leyes que la Legislatura sancionó desde hace cinco años para concederse a sí misma las facultades disciplinarias sobre fiscales y limitar las investigaciones. Esa política, dice la Asociación, “asumió una lógica signada por el cinismo, moldeada en la más voraz realpolitik, y orientada hacia el aseguramiento de la impunidad de ciertos sectores de la sociedad de la provincia”.
Al inicio, los fiscales de Rosario indican que lo que motiva el pronunciamiento es la coyuntura del proceso disciplinario centrado en el ex ministro de Seguridad y actual director del Organismo de Investigaciones (OI) Marcelo Sain. El OI es un órgano de apoyo a las pesquisas de delitos complejos de los fiscales y depende del MPA.
Los fiscales indican que la posición que adoptaron “no tiene ninguna relación con ningún tipo de simpatía con la persona del Dr. Sain, quien frecuentemente ha despertado legítimas suspicacias en una gran cantidad de integrantes de nuestra asociación con sus habituales declaraciones públicas, que en general nos han parecido injustas y desmesuradas, incluso agraviantes”.
Pero destacan que pese a esa consideración las acciones que están teniendo lugar en su contra “son ilegítimas, incorrectas y dañinas para el MPA y para la sanidad de esta institución”.
Destacan que al crearse el MPA la Legislatura definió una ley, la 13.013, que buscaba que los fiscales “puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabajas, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgo justificado”. Pero que a partir de 2017 tal resguardo comenzó a ser dejado de lado ”cuando 18 senadores y el vicegobernador de entonces firmaron una petición para que la Comisión de Acuerdos de la Legislatura abriese un proceso disciplinario contra los fiscales del MPA que tenían a su cargos las investigaciones de denuncias contra senadores y un ex senador”.
Ese accionar continuado, que los fiscales denuncian como “una gangrena”, se inició un proceso que, entre gallos y medianoches, culminó con la sanción exprés de una modificación a la ley orgánica del MPA, por medio de la cual la Legislatura se arrogó la potestad de investigar y juzgar disciplinariamente a las y los fiscales del MPA”.
“Desde entonces, para la mayoría de las y los fiscales, cada caso, cotidianamente, esconde el peligro que se toque el interés de alguien con protección o vínculos con algún legislador o alguna legisladora”, sostienen los fiscales rosarinos.
Fuente: La Capital
