Igual que la Cooperativa

Fue intervenido el Sindicato Portuario de Puerto General San Martín

Lo resolvió el gobierno nacional . Su interventor es el abogado Marcelo Esteban Urban, ex apoderado legal del gremio que supo liderar Omar "Caballo" Suárez, hoy preso, al igual que su par portuario local Herme Juárez


El Gobierno intervino hoy un sindicato portuario que actúa en Santa Fe y Corrientes por “irregularidades” y designó allí a un exapoderado legal del SOMU en tiempos de la gestión de Omar “Caballo” Suárez.

El Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Puerto General San Martín, Bella Vista, Timbúes y Puerto Gaboto, liderado por Jorge Vargas, fue intervenido por orden del gobierno nacional y el aval de la justicia.

Así se confirmó a través de la Resolución 1174/2019 del Ministerio de Producción y Trabajo, publicada hoy en el Boletín Oficial.

Se designó como interventor al abogado especializado en gremios Marcelo Esteban Urban, el mismo que había sido apoderado legal del Sindicato de Obreros Martítimos Unidos (SOMU) durante la gestión del ahora detenido Omar “Caballo” Suárez.

Lo curioso es que en abril de 2016, en el marco de la causa que investigaba una presunta defraudación al SOMU, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral había ordenado la separación total y el desapoderamiento del letrado, así como también lo había instado a que entregara todos los poderes originales que tuviese.

A tres años de ello, ahora es reconocido como un “especialista” para hacerse cargo de un gremio que, si bien Jorge Vargas ocupaba su secretaría general, era liderado por otro sindicalista también preso igual que Suárez: Herme Juárez.

La cartera conducida por Dante Sica había solicitado la intervención del sindicato para designar a un funcionario “con facultades para ejercer los actos conservatorios y de administración necesarios para subsanar las irregularidades”, tal como señala el escrito judicial.

De esta manera, el gremio quedó en la misma instancia de investigación que la Cooperativa de Trabajos Portuarios, la que fue intervenida meses atrás con idéntico fin.

Sin embargo, hasta el momento, no se conoce que irregularidades existían en dicha institución como tampoco qué labor desarrolló el interventor para subsanar las deficiencias administrativas. Todo es un prolongado y ya sospechoso silencio que no hace más que abonar la hipótesis de varios dirigentes políticos locales que apuestan a que estas resoluciones tienen motivaciones “políticas y económicas” y muy poco de judiciales.

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