La lucha contra la competencia desleal en el servicio de amarre portuario dio un giro drástico este martes en Rosario. En una audiencia presidida por la Dra. María Verónica Solmi, de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, los principales actores del sector formalizaron una denuncia contra la proliferación de lanchas irregulares que operan fuera de toda norma.
Sin embargo, el punto que promete sacudir la dinámica del Cordón Industrial es la notificación directa a las terminales portuarias sobre su responsabilidad solidaria en el control de sus proveedores.
Terminales en la mira: el fin de la zona gris
De acuerdo a lo pactado entre el Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), la Asociación Argentina de Empresas de Marinos Mercantes (AAEMM), el gremio de Patrones de Cabotaje y la Cámara Empresaria de Servicios de Lanchas, Amarre y Afines (CESLAA), las terminales ya no podrán alegar desconocimiento sobre la situación legal de quienes prestan servicios en sus instalaciones.
- Responsabilidad Solidaria: Se comunicará formalmente a las terminales que contratar o permitir el trabajo de empresas mal registradas o sin habilitación implicará que la terminal quede legalmente implicada junto al operador irregular.
- Fin de la impunidad: Ya no será posible desvincularse del comportamiento de los contratistas. Si una empresa informal trabaja en un muelle, la terminal asume todas las consecuencias previsionales y de seguridad social de manera conjunta.
- Controladores centrales: Con esta definición, las terminales pasan a ser actores centrales del proceso de control, elevando considerablemente el riesgo de ignorar la procedencia de los servicios de amarre.
Sin registro no se trabaja
El acuerdo alcanzado es tajante: ninguna empresa que no esté debidamente registrada y habilitada podrá prestar servicios portuarios, sin importar los acuerdos comerciales previos que haya logrado con clientes o terminales. Esta medida busca cerrar definitivamente la puerta a operadores que compiten a la baja eludiendo obligaciones impositivas y de matriculación.
“Un operador fuera de la norma no podrá participar del mercado. Esto restablece las condiciones de igualdad que exige cualquier actividad regulada”, sostiene el consenso alcanzado en el acta del 22 de abril de 2026.
El rol del Estado y los próximos pasos
El saneamiento del sector contará además con una mesa de trabajo conjunta con el Ministerio de Capital Humano, marcando un cambio de estrategia donde el Estado asume un rol activo en el control y la regularización de las empresas.
La problemática, que afecta a toda la hidrovía y al litoral fluvial, volverá a discutirse en una nueva audiencia fijada para el próximo lunes 4 de mayo de 2026 a las 09:00 horas, donde se espera avanzar en el seguimiento de los expedientes ya iniciados por irregularidades detectadas.
