Las cadenas de valor de la soja y del maíz se mostraron en estado de alerta por el proyecto de ley de biocombustibles del Frente de Todos “tanto por su regresividad en el uso de los combustibles ecológicos como por el alto poder de discrecionalidad que le otorga a la Autoridad de Aplicación”.
Así lo describieron en un comunicado organizaciones del Consejo Industrial Argentino (CAA). Además, indicaron que la iniciativa oficialista, que obtuvo esta semana dictamen favorable en un plenario de comisiones en Diputados, “es un intento claro y directo de intervención del Estado en las diferentes cadenas de valor, especialmente en la estrategia productiva, la logística y la política comercial de las empresas proveedoras de insumos críticos –como el maíz y el aceite de soja-, constituyendo un impedimento concreto para su normal y eficiente desarrollo”.
Vale recordar que el proyecto en discusión baja del 10 al 5% (incluso podría quedar en 3%) el uso de biodiésel de soja en el gasoil. Mantiene en 12% el etanol en la nafta, pero podría reducirlo al 9% absorbiendo la merma el etanol de maíz, no el de caña de azúcar. Mientras esto se debate en el Congreso, el Gobierno prorrogó por 60 días la actual normativa.
Por otra parte, las entidades del CAA remarcaron que esa drástica reducción de la demanda de biocombustibles “provocaría el cierre de empresas y el fin de una de las pocas políticas de Estado que tiene la Argentina”.
“La Autoridad de Aplicación (Secretaría de Energía) podrá intervenir en mercados que no son ni deben ser de su incumbencia. Esas facultades extraordinarias, que le quitan todo viso de seguridad jurídica al proyecto, incluyen la posibilidad de intervenir en las cadenas de valor para ‘garantizar la disponibilidad de los insumos necesarios para la elaboración de los biocombustibles con destino a la mezcla obligatoria, pudiendo arbitrar y establecer los mecanismos que estime necesarios a fin de que la adquisición de aquellos sea llevada a cabo según las condiciones normales y habituales del mercado y sin distorsión alguna, estableciendo como límite en el caso que corresponda, el precio de exportación de dichos insumos menos los respectivos gastos’”, destacaron.
Asimismo, el CAA recordaron que en los quince años de vida de la ley de biocombustibles, “no solo nunca hubo desabastecimiento de aceite de soja para producir biodiésel, ni de maíz para producir bioetanol, sino que los precios se pactaron libremente entre las partes, acorde a las distintas variables de estos mercados, que se caracterizan por ser abiertos, eficientes, y transparentes”.
Por último, el documento señalaron que el proyecto de ley presenta numerosos vicios de forma y de fondo, “por lo que es necesario prorrogar la actual ley para poder discutir con el tiempo necesario una norma moderna y eficiente que potencie los beneficios ambientales, económicos y sociales de todos los biocombustibles”.
Entre las entidades firmantes figuran la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), la Bolsa de Cereales de Córdoba, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF), la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), la Cámara de Bioetanol de Maíz (Biomaiz), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), el Centro Exportador de Cereales (CEC) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
En particular, Carbio expresó que el proyecto de ley de biocombustibles presentado por el oficialismo “eliminará toda posibilidad de desarrollo futuro de los biocombustibles y de toda una cadena de derivados que podrían traccionar una nueva industria oleo química”.
“Beneficia a ciertas empresas que se muestran como pymes y no lo son, perjudicando a las verdaderas y a los consumidores. El proyecto no tiene en cuenta los valiosos aportes de los biocombustibles a la preservación del medio ambiente, a las cadenas agroindustriales ni la generación de empleo de la industria”, dijeron.
“Desde Carbio siempre bregamos por un amplio debate del tema partiendo de la base del proyecto desarrollado por la Liga de provincias bioenergéticas, con la participación de toda la industria y que luego de un trabajo de dos años culminó en el texto presentado en el Congreso por el diputado nacional Carlos Gutiérrez”, dijo Luis Zubizarreta, presidente de la entidad.
En cuanto a la discrecionalidad estatal, señaló que debe ser “el mercado el que debe definir ya que así funcionan los mercados de biocombustibles en todo el mundo”.
Para Carbio, es fundamental proteger a las verdaderas pymes que tienen menor escala, las que deben tener un tramo significativo del corte en el cual compitan entre sí, “mientras que también debe haber un tramo donde todas las empresas puedan competir en beneficio del consumidor”. Reiteró la invitación a los legisladores a abrir un amplio debate que incluya a todos los sectores, incluso a quienes no comulgan con el proyecto de diversificar la matriz energética en favor del medio ambiente de modo de lograr una ley que no beneficie a ningún sector o empresa en particular sino a los intereses de toda la Argentina.
Ante el progreso de esta norma, que tiene como principal punto de discusión la reducción del corte de biodiésel al gasoil en un 50%, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del departamento San Lorenzo mantuvo una reunión con diputados nacionales, de extracción sindical, debido a las consecuencias que puede significar la sanción de esta nueva norma sin modificaciones en los aspectos más discutidos.
Durante la cita virtual, se trataron alternativas para que la ley contemple a los trabajadores ya que la mayoría de la producción de biocombustibles está en el sur de la provincia de Santa Fe y, precisamente, en el departamento San Lorenzo.
Según el comunicado del Sindicato, comenzó un “lobby empresario con presiones y amenazas sobre los obreros”. En estos casos, el gremio citó a Carbio y la Cámara Argentina de Biocombustibles.
Justamente, este viernes, se programó una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, en la ciudad de San Lorenzo, donde la empresa Unitec Bio tiene la intención de suspender a sus empleados por 60 días con un recorte sustancial de salarios.
La reunión entre el gremio fue gestionada por el secretario general, Pablo Reguera, y la diputada Vanessa Sisley quien convocó a sus pares de la legislatura nacional. Entonces, también participaron los legisladores Patricia Mounier, Walter Correa, Hugo Yasky y Carlos Ortega.
