La discusión por el nuevo marco normativo de los biocombustibles sumó una voz de peso político en la Cámara de Diputados de la Nación. Tras las intervenciones del Poder Ejecutivo y de la vicegobernadora santafesina Gisella Scaglia, el presidente del bloque de Unión por la Patria, el santafesino Germán Martínez, fijó la posición de la principal bancada opositora. El legislador rechazó el intento de aprobar a libro cerrado la media sanción del Senado y reclamó dar una discusión abierta en comisión que contemple las asimetrías de toda la cadena de valor.
Martínez abrió su intervención señalando el cronograma tentativo que maneja el oficialismo parlamentario, con la mirada puesta en una sesión general prevista para el próximo 18 de noviembre. En ese marco, planteó que la Cámara baja debe utilizar esa ventana de tiempo para pulir el dictamen y no resignar su rol revisor, garantizando que el texto final contenga acuerdos sostenibles que no terminen siendo vetados o trabados en su posterior regreso a la Cámara alta.
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El origen histórico del sector y la defensa del marco regulatorio
Al responder a los cuestionamientos vertidos sobre la legislación vigente, Martínez reivindicó la génesis productiva del sector energético renovable en el país. El diputado recordó que la existencia de una industria de biocombustibles en la Argentina obedeció a una decisión política adoptada entre los años 2005 y 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner y la gestión del Ministerio de Planificación, en un contexto donde YPF aún no había sido recuperada por el Estado nacional y la presión petrolera era intensa.
Asimismo, repasó la prórroga y actualización de 2021 a través de la Ley 27.640, reconociendo que, si bien ningún esquema de fomento es infalible y con el transcurso de los años se evidencian aspectos que merecen ajustes, fueron esas dos normativas las que permitieron montar y sostener las fábricas en el interior productivo. Bajo esa línea argumental, sostuvo que cualquier modernización actual debe asentarse sobre el reconocimiento de ese piso de desarrollo y no sobre la desarticulación de las empresas que nacieron al amparo de las leyes de promoción.
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Caña, maíz y el dilema de las pymes de biodiésel
Uno de los tramos más enfáticos del discurso de Martínez se concentró en la necesidad de conciliar los diversos modelos productivos que conviven en el mapa de las energías limpias. El legislador remarcó que, aun siendo santafesino, la legislación debe contemplar a todas las economías regionales por igual: desde el bioetanol de caña de azúcar en el noroeste argentino —cuyos ingenios aprovechan efluentes para biofertilizantes y cogeneración eléctrica— hasta el bioetanol de maíz concentrado en provincias como Córdoba.
En lo concerniente al biodiésel, el jefe de la bancada peronista hizo una diferenciación técnica determinante que choca con la pretensión de una desregulación acelerada. Explicó que la realidad de las grandes plantas integradas con muelle propio en el Up River es diametralmente opuesta a la de las pymes no integradas, alejadas del puerto y dependientes de la compra externa de aceite de soja. Martínez subrayó que estas pequeñas estructuras necesitan una mirada regulatoria especial para evitar que el nuevo esquema consagre un juego de suma cero donde los actores concentrados crezcan a expensas del quebranto de las plantas menores.
Para concluir, el diputado exigió abandonar las negociaciones de pasillo y discutir cada propuesta técnica de cara a la sociedad dentro de las comisiones. Advirtió además que cualquier modificación que introduzca la Cámara de Diputados requerirá una articulación previa con el Senado de la Nación, ya que resultaría estéril introducir cambios parlamentarios que luego no encuentren respaldo en la Cámara de origen al momento de la sanción definitiva.
