El fallo convalida el decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro junto a todo su gabinete, y descarta que la paralización haya sido arbitraria o carente de sustento legal. Por el contrario, la magistrada sostuvo que el emprendimiento nunca contó con la autorización ambiental indispensable para avanzar con tareas de urbanización y construcción de viviendas.
Si bien se trata de una decisión de primera instancia y la desarrolladora Davik SA, fideicomiso a cargo del proyecto Damfield, aún puede apelar el revés judicial profundiza el escenario adverso: ya se trata de la cuarta resolución negativa, luego de dos rechazos a medidas cautelares en distintas instancias y un planteo que también fue desestimado en el fuero federal.
Ambiente versus propiedad privada
En sus fundamentos, Gueiler remarcó que el conflicto no puede analizarse únicamente desde el derecho de propiedad invocado por los desarrolladores, sino que debe ponderarse el derecho colectivo a un ambiente sano y a un clima estable de todos los habitantes de la cuenca del arroyo Ludueña, que incluye sectores de Rosario.
La jueza destacó que el Estado provincial actuó amparado en la legislación vigente en materia ambiental y de cuencas hídricas, y que el decreto que ordenó frenar las obras se basó en informes técnicos y administrativos suficientes. Además, subrayó que la empresa fue intimada previamente a suspender los trabajos, sin que se verificara arbitrariedad alguna en la actuación del Ejecutivo.
En la misma línea se había expresado, la semana pasada, la procuradora María Laura Martínez, quien en un dictamen contundente recomendó rechazar el amparo y mantener la situación actual.
Obras sin habilitación definitiva
Uno de los puntos centrales de la sentencia es la constatación de que los desarrolladores iniciaron tareas sin contar con la habilitación final correspondiente. “Surge con meridiana claridad que el desarrollador Fideicomiso Damfield Funes no tenía autorización alguna para iniciar las obras del emprendimiento inmobiliario”, afirmó Gueiler, al citar documentación oficial que advertía que la aprobación preliminar de drenajes urbanos no habilitaba el inicio de la obra y estaba supeditada a una evaluación ambiental posterior.
En ese sentido, el Juzgado Civil y Comercial Nº18 sostuvo que la desarrolladora no puede desconocer que el proyecto estaba condicionado a otras autorizaciones administrativas, en particular al certificado de aptitud ambiental, que nunca fue otorgado.
Inversores en incertidumbre y denuncias penales
Con la clausura administrativa vigente y el amparo rechazado, se agrava la incertidumbre entre los compradores de los lotes, que ven cada vez más lejano el cumplimiento de los plazos prometidos. Aunque la empresa podría recurrir a la vía Contencioso Administrativa, fuentes judiciales consideran improbable que las obras puedan reanudarse en el corto plazo, si es que alguna vez lo hacen.
En paralelo, ya se registran consecuencias judiciales para los desarrolladores. El futbolista Denis Rodríguez presentó una denuncia penal por presunta estafa, al sostener que no fue debidamente informado sobre los riesgos derivados de la falta de permisos definitivos. Además, al menos dos inversores alcanzaron acuerdos extrajudiciales tras reclamos por incumplimientos contractuales, cuyos términos no trascendieron.
Desde el ámbito político y jurídico de la Casa Gris también descartaron que un eventual proyecto de Ley de Plusvalía, actualmente en discusión con el sector inmobiliario, pueda beneficiar al emprendimiento Damfield.
Mientras tanto, los desarrolladores mantienen en funcionamiento el predio deportivo del complejo, una actividad que no fue objetada por la Justicia ni por el Gobierno provincial. El futuro del loteo, en cambio, permanece seriamente comprometido.
