En una causa que investiga un hecho de abuso sexual con acceso carnal ocurrido en diciembre de 2024 en la ciudad de San Lorenzo, la querella denunció una grave irregularidad en la cadena de custodia del celular del imputado, una prueba clave del expediente. La acusación está dirigida contra Facundo Juan Manuel Quiroga, de 42 años, quien se encuentra privado de libertad con prisión preventiva prorrogada.
Según explicó el abogado querellante Juan Manuel Fascia, el teléfono secuestrado, un Samsung S20 perteneciente al imputado, fue manipulado tras su incautación. “Lo que arrojó la pericia del teléfono fue que hubo una manipulación, así lo entendemos, porque estaba todo borrado”, aseguró Fascia. Y agregó que la policía no colocó el dispositivo en modo avión al momento del secuestro, lo que habría permitido el acceso remoto a través del correo electrónico, provocando el borrado completo de la información almacenada.
Desde la querella sostienen que esto constituye una grave afectación a la prueba y fue debidamente constatado: “Desde nuestro lado tenemos elementos que demuestran que en ese teléfono había contenido, mails, fotos y conversaciones que hoy no están”, afirmó el letrado. El hecho de que la pericia determinara que el dispositivo estaba completamente vacío refuerza la sospecha de que se vulneraron los protocolos básicos de preservación de evidencia digital.
Una acusación de alto impacto
A pesar de esta irregularidad, la causa avanzó. Ayer se formalizó el requerimiento acusatorio contra Quiroga por el delito de abuso sexual con acceso carnal, previsto en el artículo 119, tercer párrafo del Código Penal Argentino. El hecho imputado ocurrió el 22 de diciembre de 2024, en la habitación 112 del Hotel Horizonte de San Lorenzo. Según la acusación, el imputado contactó previamente a la víctima a través de redes sociales, generando confianza, y pactaron un encuentro con fines románticos.
Durante esa cita, siempre según lo presentado por la fiscalía y la querella, Quiroga habría obligado a la víctima a consumir cocaína, aprovechando su posterior estado de indefensión para ejercer violencia física y sexual: la golpeó, le exigió sexo oral y consumó una violación anal no consentida. La víctima presentó lesiones visibles en brazos, muslos y zona perianal, las cuales fueron documentadas por personal médico y policial al día siguiente.
Además, constan en el expediente: “Testimonios clave de familiares y amigos cercanos”, “informe toxicológico que detectó cocaína en orina”, “evaluaciones psicológicas y psiquiátricas que diagnosticaron trastorno de estrés postraumático, depresión y crisis de pánico”, “secuestro de elementos materiales de la habitación, incluyendo ropa, sábanas y restos de una sustancia blanca” y “pericia psicológica forense que validó el relato de la víctima y su estado emocional”.
Salidas laborales y rechazo de un planteo
En paralelo, la querella también había planteado un recurso ante la Cámara para revocar la concesión de salidas laborales para el imputado, pero fue rechazado. Según explicó el abogado Fascia, la argumentación judicial se basó en el interés superior del niño, aunque aclaró que no se acreditó ningún vínculo actual entre el imputado y su hijo. “Fue una solicitud en abstracto, según dijo, porque no hay contacto, ni diálogo, y además la familia del niño no depende económicamente del imputado”.
Prisión preventiva y próximos pasos
Con la elevación del requerimiento acusatorio, el juez interviniente confirmó la prórroga de la prisión preventiva hasta que se realice la audiencia preliminar. “Tal como había sido dispuesto, si se presentaba la acusación antes del 3 (de julio), la prórroga operaba automáticamente hasta que se fije la nueva fecha de audiencia”, explicó Fascia.
La fiscalía solicita una pena de diez años de prisión de cumplimiento efectivo, más las accesorias legales y costas del proceso. El caso sigue su curso y se espera que en la próxima instancia se definan nuevas fechas clave para la etapa de juicio.
Fuente: Anabela Tramontini
