Arde el MPA

Guerra declarada entre fiscales: «Ortigala era una narco protegida»

Los fiscales Socca y Moreno volvieron a apuntar contra su colega Edery sobre su vinculación con Mariana Ortigala, ex testigo en el juicio de Alvarado y actualmente imputada en la banda de Los Monos. "Creemos que no era una testigo protegida, sino una narco protegida".


El jefe de la banda narcocriminal Los Monos, Ariel «Guille» Cantero, sumó hoy una nueva imputación judicial por dos tentativas de extorsión al dueño de locales de agencias de lotería, a quien junto a otras ocho personas intimidaron telefónicamente y le incendiaron comercios para que pagara un millón y medio de dólares, informaron fuentes oficiales.

Además de Cantero, que cumple ocho condenas en la prisión federal de Marcos Paz, también fueron imputados con prisión preventiva otros tres presos que para los fiscales participaron de los hechos, agregaron los informantes.

Los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno acusaron desde el lunes hasta hoy en una extensa audiencia a Cantero y otras ocho personas de extorsionar al dueño de las agencias de juego legal «El Califa».

Tras la maratónica audiencia imputativa, los fiscales Socca y Moreno esgrimieron duras acusaciones contra su colega Matías Edery, tras difundir conversaciones telefónicas mantenidas por el funcionario del MPA con una de las acusadas: Mariana Ortigala.

Ortigala fue una testigo clave en el juicio oral que terminó en la condena a prisión perpetua del capo narco rosarino Esteban Alvarado, de quien fue amiga de su esposa hasta que se distanció.

Para los fiscales, la mujer no se alejó del mundo de la criminalidad sino que “cambió de bando” para operar con Los Monos, enemigos de Alvarado.

Su pareja, Felipe, se presentó en marzo de 2021 en un gimnasio al que concurría el dueño de las agencias de lotería y lo amenazó para que pagara por protección, de acuerdo con lo expuesto en la audiencia imputativa.

«Después del juicio a Alvarado debió cesar la protección de testigo para Ortigala. Podría haber sido incluida como arrepentida si declaraba por los delitos cometidos dentro de la estructura a la que pertenece actualmente», cuestionó el fiscal Moreno.

«No creemos que sea una testigo protegida, sino una narco protegida», aseveró el fiscal Socca sobre el vinculo de Ortigala con Edery. «Consideramos que se trata de una relación inapropiada entre un funcionario público y una persona como Mariana Ortigala que pudo haber sido informante pero que en la actualidad estaba vinculada a una banda criminal», completó.

De acuerdo con la acusación, Cantero fue quien «habilitó» la extorsión al comerciante, al planificar la ejecución y encomendar los hechos «a personas de su extrema confianza», quienes mediante intimidación le pidieron 1,5 millón de dólares.

«Los actos tendientes a doblegar la voluntad de la víctima se desarrollaron en dos secuencias diferenciadas y separadas en el tiempo, la primera en 2021 y 2022; y la segunda en 2023», sostuvieron los fiscales.

Para eso, Cantero se comunicaba desde el teléfono fijo de la cárcel con Daiana Micaela Leguizamón, una mujer condenada por comercio de estupefacientes que cumplía prisión domiciliaria en la ciudad bonaerense de San Nicolás.

Los fiscales creen que la mujer oficiaba de “nexo” o “ancla” con otros miembros de la organización, que llevaron a cabo los intentos de extorsión.

Entre los acusados se encuentran una mujer llamada Mariana Ortigala y su pareja, identificada como Rodolfo Sebastián Felipe.

El 16 de febrero de 2022, una mujer también imputada e identificada como Lorena Córdoba, se presentó en dos locales y exigió hablar con el dueño.

Cuando logró comunicarse, “le exige dinero”, sostuvieron Socca y Moreno.

Mientas que en julio de 2022 la víctima, su grupo familiar, su vivienda y sus negocios sufrieron una seguidilla de hechos violentos, como incendios de los frentes de las agencias, disparos a la fachada de su vivienda y el tiroteo a una empleada.

También recibió una nota exigiendo el pago de una suma de dinero, agregaron los informantes.

Siempre según la acusación, las hostilidades contra el comerciante por parte del grupo se retomaron en junio de este año.

Entonces apareció en escena un preso en la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero, identificado como Brian Ezequiel Díaz, quien ordenó el incendio de la fachada de un local, el titeo de una agencia e intimidaciones a empleados y familiares de la víctima, señala la imputación.

Otro preso, identificado como Bladimir Andrés Navarro, fue acusado de extorsionar desde la cárcel mediante mensajes al comerciante, a quien le dejó un número de teléfono para que se comunicara con él, pero no logró la entrega de dinero.

Tras exponer las evidencias reunidas en la investigación, los fiscales solicitaron la prisión preventiva de los 9 imputados, mientras que la jueza de la audiencia, María Trinidad Chiabrera, la dictó para 8 acusados y le otorgó la libertad bajo reglas de conducta al restante, informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

A la vez, la resolución accedió a la inhibición de 14 propiedades que en la investigación aparecen registradas a nombre de Ortigala, pero que para los fiscales pertenecen a Cantero, quien utilizaría a la mujer como testaferro.

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