La empresa Guerrero Motos desmintió que haya despidos en la planta industrial de San Lorenzo y aseguró que la veintena de empleados desvinculados “se debió a que incurrieron en abandono de trabajo”.
Así lo reconoció Jorge García González, abogado de la compañía, quien a su vez también negó que los representantes de la firma no hayan concurrido al Ministerio de Trabajo de la Provincia cuando se realizaron las audiencias de mediación, tal como aseveró en varias ocasiones voceros del Sindicato de Metalmecánicos (Smata).
Anteayer, el secretario gremial de esa organización obrera, Román Moyano, fue detenido y encarcelado por decisión de la Fiscalía de San Lorenzo que entendió que incumplió por resoluciones previamente acordadas entre las partes como la prohibición a bloquear los accesos del predio fabril, lo cual no se cumplió en dicha jornada pues se montó una nueva protesta en demanda a la reincorporación de esos trabajadores cesanteados.
Cabe recordar que ayer, luego de la audiencia imputativa, Moyano fue puesto en libertad, aunque será sometido a proceso judicial.
Hoy, la empresa salió a fijar su posición frente al conflicto después de mantener silencio durante semanas, y eligió un medio de comunicación de Rosario: LT8.
“No se despidió a ningún trabajador, diecinueve ex empleados fueron desvinculados voluntariamente al haber incurrido en abandono de trabajo en los términos del artículo 244 de la ley de Contrato de Trabajo. Previamente habían sido intimados”, precisó García González, el asesor legal de Guerrero.
“Se les liquidaron todos los haberes a la fecha y lo que correspondía por ley. Además, es mentira que la empresa no haya concurrido a las audiencias; como está determinado en el decreto de la provincia 1979/20, se restringe el contacto social por la pandemia”, agregó para fundamentar dichas “ausencias”, que si bien ocurrieron, tienen su argumentación, según el profesional.
“Directamente, se envió por vía email el descargo ante la negativa de no permitirnos una audiencia vía Zoom, porque supuestamente es privativa del Ministerio. En esos días, compareció ante el Ministerio la encargada de Recursos Humanos de la empresa junto con un profesional para hacer el descargo correspondiente”, agregó.
García González afirmó que el conflicto se originó por una “tentativa de hurto” en que incurrió, según su versión, un delegado sindical. Y precisó que a partir de entonces “hubo un hostigamiento del gremio (Smata) con la anuencia de la cartera laboral provincial”.
“A mi entender, tiene una participación política, toda vez que un miembro de esa repartición (el Ministerio de Trabajo de la Provincia) pertenece a la organización sindical”, concluyó.
Fuente: La Capital
