En una instancia decisiva para la definición del marco regulatorio del sector bioenergético, la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados de la Nación recibió a los principales referentes productivos del país para analizar el proyecto con media sanción del Senado que busca reemplazar el esquema vigente de la ley de biocombustibles. En ese marco, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Gustavo Idígoras, brindó un detallado diagnóstico sobre el impacto macroeconómico de la actividad y solicitó a los legisladores avanzar hacia un dictamen de mayoría que respete los acuerdos construidos en la Cámara alta.
Idígoras inició su alocución remarcando que el tratamiento legislativo no puede reducirse a una mera disputa entre empresas, sino que constituye una política agroindustrial de orden estratégico para el desarrollo nacional. En ese sentido, subrayó que los complejos del maíz y de la soja sustentan de manera directa e indirecta 446.000 y 450.000 puestos de trabajo respectivamente, desplegando su impacto territorial a lo largo de seis y siete provincias del país. Recordó además que mientras el maíz se consolida como el tercer producto de exportación de la economía argentina, el complejo sojero industrializado —con su epicentro en las plantas del Cordón Industrial santafesino— representa el principal generador de divisas por ventas al exterior.
Sustitución de importaciones y el fin del falso dilema alimentario
Al abordar el contexto internacional, el titular de CIARA situó el debate local en línea con las transformaciones energéticas globales. Explicó que en la actualidad existen más de 65 países que implementan políticas activas de transición para disminuir la dependencia de combustibles fósiles, encarecidos e inestables debido a recurrentes conflictos geopolíticos, recurriendo a la transformación masiva de biomasa en bioenergía, un camino que los países vecinos de la región ya han adoptado con celeridad.
En el mismo orden, Idígoras desarticuló una de las objeciones habituales que históricamente han demorado la expansión de los cortes obligatorios: el supuesto conflicto entre producción de energía y abastecimiento de alimentos. Aseguró que la evidencia de la última década demuestra exactamente lo contrario: a mayor industrialización de biocombustibles en el mundo, mayor fue la disponibilidad de alimentos y a menores costos internacionales. Esto se debe a que el proceso de molienda genera coproductos de alto valor nutritivo, como harinas proteicas y subproductos que nutren las cadenas ganaderas, aviares y porcinas, apuntalando desarrollos agroindustriales locales.
Asimismo, vinculó la regulación doméstica con la capacidad de inserción externa. El representante aceitero advirtió que para que la Argentina logre abrir nuevos mercados para su biodiésel en el exterior, es imprescindible contar con un marco doméstico transparente basado en la libre competencia. Remarcó que resulta inviable negociar la apertura de plazas internacionales cuando en el propio país rige un régimen distorsionado que restringe la concurrencia comercial.
La distorsión en el biodiésel: el 70% de la capacidad bloqueada
Al profundizar en las diferencias sectoriales, Idígoras diferenció el escenario del bioetanol —donde ponderó la existencia de un consenso del 99,9% entre industrias de caña y maíz con los gobiernos provinciales— de la situación que atraviesa el biodiésel a base de aceite de soja. En este punto, puntualizó la asimetría del marco normativo actual: el 70% de la capacidad de molienda y transesterificación instalada en la Argentina tiene legalmente prohibido abastecer un solo litro de combustible al mercado interno, quedando marginadas del corte automotor las terminales más eficientes del polo portuario regional.
A su vez, reconoció que existen numerosas pequeñas y medianas empresas de inversión regional que apostaron e invirtieron al amparo de la legislación anterior y que temen una modificación brusca en sus condiciones de subsistencia, factor que convirtió al biodiésel en el nudo más complejo del debate legislativo.
El consenso del Senado: el mejor acuerdo posible
Frente a esa polarización de intereses, Idígoras valoró el texto de compromiso que finalmente obtuvo media sanción en la Cámara alta, contrastándolo con el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo. Señaló que el articulado actual fue el desenlace de un debate federal intenso, donde intervinieron activamente senadores, gobernadores y ministros de Producción y Energía de distintas provincias para destrabar una negociación que parecía estancada.
El presidente de CIARA reconoció con crudeza el resultado de esa transacción política: a ninguno de los actores involucrados los dejó plenamente conformes, ni a la industria aceitera exportadora, ni a las pymes elaboradoras ni a las plantas integradas. No obstante, remarcó que precisamente por esa renuncia compartida representa el acuerdo más equilibrado y viable en la coyuntura del país.
Por tal motivo, Idígoras concluyó su exposición solicitando formalmente a los integrantes de la Cámara de Diputados que convaliden la media sanción del Senado, evitando modificaciones que reabran un conflicto federativo estéril y permitiendo que la Argentina cuente con una legislación moderna que reactive las inversiones en toda la cadena de valor agroindustrial.
