Fábrica paralizada

«Habría que agarrar del cuello a los de Vicentín y que traigan la plata que se llevaron»

Declaraciones contundentes del secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) del departamento San Lorenzo, Pablo Reguera, sobre la firma cuya situación está, hoy, judicializada


El titular del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) del departamento San Lorenzo, Pablo Reguera, tuve fuertes declaraciones acerca del destino que el grupo Vicntín le dio al dinero generado por la producción fabril y la exportación de granos y subproductos, en el cordón cerealero.

«Habría que agarrar del cuello a los de Vicentín y que traigan la plata que se llevaron», declaró en un reportaje efectuado en FM 93.5, aseverando que, al momento de cerrar sus plantas industriales y puertos, la empresa disponía de un capital suficiente para continuar su actividad, pero que según los dichos, «se lo llevaron» a otra parte.

La entrevista sirvió para que el sindicalista abordara y explicara la actual situación que genera el ingreso constante de camiones con granos a sus plantas en San Lorenzo. Para Reguera, es muy posible que estén acopiando para, en brve, retomar la producción. Igual, ignora si se trata de compras propias o de terceros que usan tales instalaciones.

«Hay un avance muy grande respecto a la situación que teníamos hace un mes atrás», reflexionó para comparar, entonces una fábrica cerrada y sin obreros trabajando, con el presente con algunos operarios activos y el ingreso de cientos de camiones con carga, por día.

Así y todo, fue claro al aseverar que por el momento su gremio no tiene pensado llevar a cabo medida de fuerza alguna.

«Nosotros no podemos hacer ningún reclamo porque Vicentín está parada», precisó para desestimar algunos pedidos de los casi 800 empleados que ese grupo agroexportador posee en la región. Ni siquiera porque no cumple con el pago salarial de acuerdo al convenio colectivo actual, por las razones esgrimidas.

La causa Vicentín se ventila en los Juzgados de Reconquista, donde el magistrado a cargo audita un pedido de convocatoria de acreedores a fin de evitar una quiebra.

 

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