El gobierno nacional quiere evitar otro papelón con la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná, y en un gesto que mezcla pragmatismo, desconfianza interna y necesidad de credibilidad externa, anunció que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) auditará el proceso.
El anuncio lo hizo el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada. La medida llega luego del fracaso del primer llamado a licitación, que terminó empantanado por una cautelar judicial y con fuertes críticas del propio oficialismo al manejo previo de la licitación durante gobiernos anteriores.
“Se va a implementar una auditoría internacional sobre los pliegos y todos los procedimientos vinculados al proceso licitatorio de la Hidrovía”, señaló Adorni.
La ONU como garantía
Según explicó el vocero, se firmó un memorando de entendimiento entre la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables y la UNCTAD, que incluye:
- Colaboración en la redacción de los pliegos.
- Auditoría integral del proceso licitatorio.
- Evaluación en materia de defensa de la competencia, para garantizar que no haya privilegios ni jugadores protegidos.
“Las decisiones se tomarán en un entorno de competencia leal y, por supuesto, al mejor precio”, remarcó Adorni.
Una ruta estratégica con demasiadas sospechas
La Hidrovía Paraguay-Paraná es la columna vertebral del comercio exterior argentino: por ese corredor fluvial sale cerca del 80% de las exportaciones del país. Pero al mismo tiempo, es también uno de los escenarios más contaminados por la desconfianza institucional.
Desde los tiempos del kirchnerismo con licitaciones polémicas y demoras inexplicables, pasando por el fallido intento durante el gobierno de Alberto Fernández de estatizar la vía navegable troncal, hasta llegar a los tropiezos iniciales del actual gobierno, la Hidrovía es un caso testigo de cómo el Estado argentino puede fallar incluso en lo evidente.
Y por eso, ahora se busca respaldo externo.
“Es necesario que quien opere la Hidrovía tenga la suficiente capacidad para hacerlo de acuerdo a los más altos estándares internacionales”, afirmó el vocero.
Justicias sospechadas y una política que contamina
En un país donde el descrédito de las instituciones es parte del paisaje, y donde cada intento de licitación relevante termina sospechado, judicializado o directamente boicoteado desde adentro, el camino hacia una operación eficiente de la vía navegable parece cada vez más lejano.
La intervención de la ONU parece ser una jugada destinada a sacarle el manejo a la “máquina de impedir” que representan algunos sectores del Poder Judicial, la política partidaria y los lobbies empresariales.
Ya lo vivió este mismo gobierno: el primer pliego fue cuestionado, rechazado y detenido por una medida judicial. Milei y Sturzenegger, que impulsan una reestructuración del Estado y del comercio exterior, no quieren repetir errores.
¿Un paso hacia la transparencia o una señal de debilidad institucional?
El memorando con la UNCTAD es, al mismo tiempo, una jugada para garantizar transparencia y un síntoma de que el sistema argentino no puede garantizarla por sí solo. En los hechos, el Gobierno está admitiendo que no confía ni en su propia administración de justicia ni en las reglas del juego locales.
Pero también es un mensaje hacia el exterior. Si lo que se busca es que los grandes jugadores globales (empresas de dragado, navegación y puertos) se presenten con confianza, hay que ofrecer un entorno mínimamente creíble.
Adorni: “Vamos a garantizar la objetividad”
Durante la conferencia, Adorni reiteró la voluntad del Gobierno de dialogar con todos los actores del sistema portuario y logístico y aclaró que no se trata de una privatización a cualquier precio, sino de un proceso que respete normas internacionales y asegure competencia.
“El Gobierno sigue dialogando con todos los sectores intervinientes para asegurar la transparencia y la objetividad en todas las etapas del proceso”, dijo.
También agregó que el proceso se encuadra en la transformación del Estado prevista en la Ley Bases, que impulsa el oficialismo en el Congreso y que podría darle al Ejecutivo más herramientas para acelerar reformas.
Una decisión política, económica… y geopolítica
La licitación de la Hidrovía no solo es clave para bajar los costos logísticos y mejorar la competitividad del agro y la industria. También es una ficha geopolítica.
Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay miran con atención cada paso que da Argentina sobre esta vía fluvial compartida. La ineficiencia, la demora y la falta de reglas claras afectan también sus exportaciones.
Por eso, poner al sistema multilateral de Naciones Unidas como auditor no es solo una jugada técnica. Es una señal de apertura y de alineamiento internacional.
¿El efecto? En una Argentina desgastada por licitaciones fallidas, denuncias cruzadas, poderes judiciales intervenidos y política tóxica, la Hidrovía necesita agua limpia y navegación clara. La ONU puede ayudar. Pero lo que realmente hace falta es que el país deje de enturbiarse solo.
