El 15 de marzo de 2022, en pleno fervor por la “recuperación” de la Hidrovía, el Gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández celebraba en Rosario la cesión del histórico inmueble de Laprida y Santa Fe —ex sede del SENASA— para que funcionara allí el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable.
El acto tuvo tono épico. Se habló de federalización, democratización de los ríos y de dejar atrás “una perdida oficina en Buenos Aires”. El entonces secretario de Gestión del Transporte, Diego Giuliano, destacó que Rosario tendría la “centralidad” del control. El gobernador Omar Perotti celebró que el organismo dejara de estar en la órbita porteña. Ariel Sujarchuk prometió un ente “ágil, moderno y transparente” para supervisar “la licitación de dragado más grande del mundo”.
Cuatro años después, el edificio de Laprida 702 nunca fue ocupado por ese organismo. El Ente, creado por DNU 556/21, jamás logró consolidar una estructura operativa real. La casona, que ya estaba en estado de abandono tras la salida del SENASA en 2015, continuó sin actividad. La promesa de un control federal con sede en Rosario quedó en el plano declarativo.
La Hidrovía, en cambio, siguió funcionando bajo esquemas transitorios y prórrogas. Y la licitación estructural volvió a postergarse.
Hoy el escenario es otro. El Gobierno nacional avanza en una licitación a riesgo empresario para el mantenimiento y modernización de la Vía Navegable Troncal Paraguay–Paraná. El proceso administrativo, según la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), está cercano al 90 % de su recorrido. Se recibieron más de 200 consultas técnicas y administrativas y hay interés internacional. El 27 de febrero se prevé la recepción de ofertas y hacia mayo podría definirse el adjudicatario para los próximos años.
La diferencia conceptual es clara: donde el kirchnerismo buscaba un esquema con fuerte impronta estatal y discurso de soberanía fluvial, la actual administración apuesta a una concesión privada con reglas contractuales de largo plazo.
Sin embargo, hay un punto de contacto llamativo: nuevamente aparece la idea de crear un órgano consultivo o de control paralelo.
La ANPYN impulsa la conformación de un Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, concebido como instancia de monitoreo permanente del contrato. El director ejecutivo del organismo, Iñaki Arreseygor, habló de una “mesa de supervisión” con provincias y usuarios, abriendo el juego para los próximos 30 años.
Desde el sector exportador, Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, respaldó la iniciativa y remarcó la necesidad de un consejo consultivo de usuarios que aporte ideas y supervise la correcta ejecución del contrato. “Con esta licitación nos jugamos las próximas décadas de logística exportadora competitiva”, señaló.
La pregunta inevitable es si este nuevo Consejo logrará evitar el destino del Ente creado en 2021.
Santa Fe volvió a posicionarse en ese debate. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, reclamó que Rosario sea sede del nuevo organismo y que el control sea técnico, estable y profesional. Con 849 kilómetros de Hidrovía bajo su jurisdicción, 34 puertos y el 80 % de las exportaciones de granos saliendo por su territorio, la Provincia argumenta que el monitoreo no puede ser simbólico ni burocrático.
“Dragado, balizamiento y mantenimiento no son palabras: son resultados medibles”, sostuvo Puccini. También advirtió que el Consejo no debe convertirse en una estructura costosa y formal, sino en un esquema de coordinación real entre Nación y provincias.
El contraste con 2022 es inevitable. Aquella vez también se habló de federalismo efectivo, de participación de las siete provincias ribereñas y de una nueva etapa institucional. El resultado fue un organismo que nunca logró materializarse operativamente en Rosario.
Hoy la discusión vuelve a girar en torno al control y la gobernanza. La diferencia es que la licitación avanza con cronograma concreto y fuerte interés privado, mientras el Consejo se plantea como complemento y no como eje del modelo.
La Hidrovía es la infraestructura crítica del comercio exterior argentino. Por allí fluye la mayor parte de los granos, subproductos y cargas industriales que generan divisas. Cada centímetro de calado, cada metro de dragado y cada señalización impactan directamente en la competitividad del país.
Por eso el problema no es crear organismos. El problema es que funcionen.
Rosario fue sede anunciada de un Ente que nunca operó. Ahora vuelve a reclamar ser epicentro de un Consejo de Control que promete supervisión técnica real.
Argentina parece moverse en ciclos donde las estructuras institucionales cambian de nombre, pero la deuda de gobernanza persiste. La Hidrovía necesita menos anuncios y más continuidad.
El desafío no es fundar otro organismo. Es evitar que dentro de cuatro años alguien vuelva a escribir la misma historia.
