La decisión del fiscal sanlorencino Maximiliano Nicosia de ordenar la detención e incomunicación de un camionero oriundo de María Juana, involucrado en un accidente vial ocurrido en Puerto General San Martín, desató una fuerte polémica jurídica e institucional. En una causa caratulada como homicidio culposo, sin riesgo de fuga ni antecedentes que lo justifiquen, la medida puso en tensión principios básicos del sistema constitucional argentino y encendió la alarma en gremios y cámaras del transporte, que advierten sobre un peligroso precedente para miles de trabajadores que circulan a diario por la región.