Santa Fe deja de recaudar cerca de 17 mil millones de pesos por año por el freno al desarrollo del biodiésel, una decisión política condicionada por el lobby de la industria petrolera. Mientras Brasil avanza con un corte del 15% y consolida al aceite de soja como activo agroenergético, la Argentina mantiene un esquema restrictivo que impide ampliar la producción, desaprovecha capacidad instalada y priva a la provincia de recursos fiscales genuinos. La ley que permitiría revertir este escenario permanece bloqueada en el Senado, blindada por intereses que priorizan el negocio fósil por sobre el desarrollo industrial y federal.