Durante más de una hora y media de disertación ante un auditorio colmado por más de 800 empresarios, ejecutivos y financistas en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, dejó una definición que sacudió los cimientos del pensamiento corporativo tradicional. En el epicentro geográfico e institucional del complejo agroexportador argentino, el titular de la petrolera estatal expuso una verdad incómoda: el final del modelo en el que las empresas privadas supeditan sus inversiones a que el Estado les financie y mantenga la infraestructura de transporte.
El pasaje más emblemático de su exposición desarmó la clásica queja empresaria sobre la falta de obras públicas y funcionó, de manera inevitable, como un espejo crítico para el sector agroindustrial. Mientras las terminales portuarias del Cordón Industrial gozan de la ventaja natural única de recibir buques de ultramar a 300 kilómetros tierra adentro en plena pampa húmeda y reclaman periódicamente que las arcas públicas pavimenten los accesos viales “como un billar” con inversión privada prácticamente nula en caminos locales, Marín relató cómo la industria energética decidió sepultar esa dependencia para poner su propio capital de riesgo.
La ruptura con la inercia: “¿Por qué lo tiene que hacer el Estado?”
Al detallar cómo se destrabó el cuello de botella logístico en Vaca Muerta para evacuar la producción de crudo que amenazaba con saturar la cuenca, Marín reconstruyó el debate que mantuvo con los principales operadores petroleros del país cuando todos frenaban sus desembolsos a la espera de fondos gubernamentales.
“¿Qué se necesitaba? Se necesitaba hacer una evacuación porque todo esto estaba totalmente lleno y no podías evacuar. Entonces todos decían: ‘Yo no invierto por falta de infraestructura’. ¿Y quién tiene que hacer la infraestructura? El Estado. ¿Y por qué lo tiene que hacer el Estado si el que gana plata es el privado? Y porque como no tenemos incentivos claros, no se puede hacer. Entonces dijimos: se nos acabó el Estado bobo y lo vamos a hacer nosotros”, disparó Marín, arrancando el silencio reflexivo de los 800 asistentes.
El ejecutivo relató que frente al escepticismo inicial y las especulaciones electorales que sugerían esperar el recambio político, YPF tomó la iniciativa de convocar al consorcio privado para financiar el megaoleoducto: “Me decían: ‘No, estás loco, esperá a ver si reelige’. No me importa tres carajos, vamos para adelante. Vos no querés venir, no vengas. ¿Y qué pasó? Vinieron todos y lo estamos haciendo entre todos”.
La logística al límite: el Estrecho de Ormuz y los USD 15 millones diarios
Para graficar la magnitud del costo de oportunidad y la velocidad ejecutiva que exige el comercio global moderno, Marín detalló una maniobra geopolítica y operativa crítica realizada apenas unas semanas atrás para no paralizar el tendido del ducto exportador.
El titular de YPF reveló que la compañía debió sortear el peligroso paso por el Estrecho de Ormuz para trasladar dos monoboyas de amarre y carga en altamar indispensables para la evacuación petrolera, evitando una catástrofe económica: “Haber quedado atrapados o no pasar por el Estrecho de Ormuz hubiese significado una pérdida de alrededor de casi 1.000 millones de dólares. Porque cada día que se atrasa este oleoducto son 15 millones de dólares de exportación que pierde la industria y que pierde la República Argentina”.
Una lección directa para el complejo portuario
El mensaje de Marín no pasó desapercibido en los pasillos de la Bolsa rosarina. En una región donde cada temporada de cosecha gruesa expone el colapso de las rutas provinciales y nacionales con miles de camiones varados en las puertas de los puertos de Timbúes, Puerto General San Martín y San Lorenzo, el planteo del CEO de YPF desnudó una contradicción histórica.
La advertencia de que “el Estado bobo se terminó” y que el sector privado que maximiza sus dividendos debe asumir el costo de su propia conectividad operativa marca un cambio de paradigma conceptual: la infraestructura estratégica ya no puede quedar atada a los presupuestos fiscales ni a los tiempos de la política si el país pretende consolidar su perfil exportador.
