Desde las 6 de la mañana del miércoles 12 de marzo, todas las plantas y puertos aceiteros del país están paralizados. La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo tomaron la drástica decisión tras el fracaso de las negociaciones salariales, el incumplimiento de pago de Vicentin y el despido de trabajadores en Explora SA de Puerto San Martín.
La huelga nacional pone en jaque el ingreso de divisas en un momento donde el país enfrenta una crisis de reservas y la necesidad de cerrar un nuevo acuerdo con el FMI. La agroexportación es el principal sostén de dólares para la economía argentina, y el freno total de la actividad podría generar un impacto inmediato en los mercados y en la estabilidad del gobierno.
El conflicto se agudiza con el caso de Vicentin, cuyo concurso de acreedores lleva más de cinco años sin resolución, terminando en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en un nuevo ejemplo de la parálisis del sistema judicial argentino. Mientras la empresa reconoce contratos a largo plazo con gigantes como Bunge y ACA, no ha cumplido con el pago de salarios, profundizando la crisis y la indignación de los trabajadores.
El sector denuncia que las patronales buscan romper la negociación salarial histórica y avanzar con políticas de ajuste que afectan directamente a los trabajadores. A esto se suma la denuncia de la militarización de plantas y el uso de los empleados como rehenes en la disputa empresarial.
Con una economía atada al ingreso de dólares, la paralización total de la industria aceitera pone contra las cuerdas al gobierno, que enfrenta un escenario de alta tensión en el sector productivo. En un país donde los grandes conflictos terminan sin solución en la Justicia, este nuevo capítulo de crisis industrial y financiera podría marcar un punto de inflexión en la economía nacional.
