La agenda política y económica de la región productiva más importante del país expuso en las últimas horas una contradicción brutal que deja en evidencia las prioridades del sector corporativo y provincial. Mientras el gobernador Maximiliano Pullaro y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) concentraban todo su poder de fuego en presionar a los intendentes del Cordón Industrial para desfinanciarlos y quitarles las tasas de mantenimiento de caminos, el Gobierno nacional, en absoluto silencio, les asestó un tarifazo devastador al transporte de cargas.
La cruzada contra los municipios de San Lorenzo y Puerto General San Martín había alcanzado niveles de desconexión total con el territorio. En ese afán por recortar los recursos locales, el ex presidente de la BCR, Miguel Simioni, llegó a justificar el embate apuntando contra los jefes comunales con una frase insólita: “Los camiones salen por tierra y llegan por tierra”. Esa sentencia desconoció por completo la realidad destructiva que genera el tránsito pesado sobre la traza urbana de estas localidades, que deben sostener la infraestructura con recursos propios.
Pero la estrategia corporativa quedó en ridículo. Mientras la Provincia y la BCR se desgastaban peleando por eliminar las tasas municipales, la Nación les pasó por encima imponiendo esquemas tarifarios que pulverizan la rentabilidad logística: peajes que llegan a los $95.000 para que un camión cruce el Puente Rosario-Victoria, y un polémico plan de concesión para la Ruta Nacional 11 (tramo Santa Fe – Chaco) que prevé la instalación de cinco estaciones de cobro.
Los números del desastre: $20 millones al año
Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), catalogaron el nuevo sistema impulsado por la Casa Rosada como un “disparate total”. Ricardo Lasca, coordinador del organismo, advirtió que este modelo encarece brutalmente la matriz sin ofrecer soluciones de fondo frente al estado lamentable de la red vial nacional.
Los cálculos elaborados por el comité exponen la asfixia real al sector. Tomando como referencia una tarifa base de $4.200 para la categoría 1 (automóviles), un camión de seis ejes verá su costo multiplicado por seis, abonando $25.200 en cada barrera. Al atravesar los cinco peajes previstos en el tramo de la Ruta 11, el costo por recorrido se dispara a $126.000.
Si se proyecta una frecuencia operativa de 15 viajes mensuales, el transportista deberá desembolsar $1.890.000 por mes, lo que se traduce en un costo anual de $22.680.000 solamente en concepto de peajes para ese corredor.
“Falsos peajes” y doble imposición
El malestar del sector se agrava por la nula contraprestación. “Son concesiones que solo prevén corte de pasto y bacheo. No se prevé ampliar la red con autovías o autopistas”, fustigó Lasca.
Para el CONADUV, el esquema no se trata de un peaje real, sino de un impuesto encubierto a la circulación. “El sistema de peajes directo se concede para que, una vez terminada la obra, el inversor la recupere con una tarifa razonable y ofreciendo un camino alternativo libre de pago. Acá cobran sobre rutas existentes construidas con fondos provenientes de los impuestos sin ofrecer alternativas gratuitas”, argumentó el coordinador, denunciando la “doble imposición” al sumarse al impuesto a los combustibles.
El impuestazo nacional expone la miopía de las discusiones locales: el verdadero costo operativo que asfixia a la agroexportación no estaba en las municipalidades que sostienen los caminos colapsados, sino en las barreras recaudatorias de la Nación.
