La causa investiga a una asociación ilícita que se habría dedicado a cometer, desde el Ministerio de Seguridad, espionaje a personas y empresas sin el aval de una orden judicial. En este sentido, trascendió inicialmente que durante la gestión Sain se “perfilaron” a por lo menos 661 personas y entidades públicas y privadas, aunque se sospecha que pudo haber más.
Además de Sain, serán imputados el exsecretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro; el exsubsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez; la exdirectora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman; Diego Rodríguez (exsubsecretario de Control); Milagros Bernard; Agustina Moulins; y la exjefa de Inteligencia Criminal de la Zona Sur del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini.
Por la causa fueron admitidos como querellantes, el Estado provincial (por medio del fiscal de Estado, Ruber Weder), el diputado provincial, Maximiliano Pullaro, el gremio Upcn, los abogados Evelin Andriozzi y Jorge Bedouret, y el empresario de medios de Rosario, Gustavo Scaglione. Este último, con la particularidad que su admisión como querella aún no se encuentra firme.
El fiscal Hernández precisó que las 11 personas que fueron identificadas hasta el momento serían parte de una “asociación ilícita” dedicada a cometer “defraudaciones al Estado” y además violar la ley de inteligencia nacional (N° 25.520) mediante la recopilación ilegal de información sobre personas y entidades, tanto públicas como privadas. “Estamos ante un caso de delincuencia organizada”, dijo al respecto.”
