Amplia investigación

Imputaron a tres ex jefes policiales acusados de alterar pruebas por un crimen en Bermúdez

Los fiscales Schiappa Pietra y Edery atribuyeron a los comisarios Paz, Spoleti y Quintana "trabajos" para defender al principal acusado, Sergio Di Franco, y favorecer la situación procesal. Volvieron a mencionar al senador sanlorencino Armando Traferri


Dos ex jefes policiales de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo y un ex titular de la división Criminalística de la PDI fueron imputados este jueves por graves delitos cometidos con el objetivo de alterar el curso de la investigación por el crimen de Juan Cruz Vitali, el joven de 23 años acribillado de un tiro en la nuca el 12 de mayo de 2019 tras una persecución policial por Capitán Bermúdez.

Entre las evidencias presentadas por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, de la Agencia de Criminalidad Organizada, citaron los nombres del senador Armando Traferri y del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad. Según los investigadores, ambos fueron nexos entre dos de los policías acusados y los abogados de Sergio Di Franco -el comisario imputado por dispararle un tiro en la cabeza a Juanito Vitali- para trabajar en función de la defensa encabezada por el penalista Paul Krupnik y orquestar una estrategia técnica para instalar la hipótesis de que el crimen de Bermúdez se trató de un hecho accidental y desafortunado y no un homicidio calificado agravado.

La jueza María Trinidad Chiabrera, en una audiencia que se extendió por tres horas, aceptó las imputaciones contra los ex jefes policiales Gonzalo “Chino” Paz, Gustavo Spoleti y Jorge Quintana. Dictó una medida no privativa de la libertad para los tres. Cuando se levanten las restricciones por la pandemia, deberán firmar cada semana en la Oficina de Gestión Judicial. A Paz y Spoleti les fijó una fianza de 300 mil pesos, mientras que Quintana tendrá que depositar una caución de 200 mil pesos.

Spoleti pidió declarar ante la jueza Chiabrera. “Con Di Franco nos conocemos de hace más de 20 años. Como amigo me pidió el favor de que encargue de joderlo a Krupnik y a (el perito balístico Ricardo) Brachetta, para que salga a la luz toda la verdad. Tuvo un desafortunado accidente en donde murió una persona. Me partía el alma ver sufrir a la mujer y a las hijas”, manifestó el ex jefe de plana de la UR XVII.

El celular de Spoleti fue secuestrado en el marco de la megacausa de Esteban Alvarado. De allí no solamente recolectaron información por la causa que se le sigue por enriquecimiento ilícito, sino que también extrajeron conversaciones relacionadas al caso que investiga el homicidio de Juanito Vitali.

A Spoleti le atribuyeron haber mantenido contacto frecuente con el senador Traferri. Los fiscales aseguraron en la acusación que le solicitó el número telefónico del ex fiscal Ponce Asahad -actualmente imputado por recibir coimas para promover el juego clandestino en el sur santafesino- y de esa manera mantener “un nivel de proximidad con la defensa de Di Franco, con el fin de aportar información para la imputación sea lo menos gravosa posible”, reseñó el fiscal Schiappa Pietra.

Los fiscales acusaron a Spoleti, Paz y Quintana “por prestar colaboración a la defensa de Sergio Di Franco para que obtenga una resolución favorable a sus intereses particulares, ayudando a eludir investigaciones cuando ya estaba imputado por homicidio calificado”, en alusión al hecho acontecido el 12 de mayo de 2019 en Capitán Bermúdez. “Lo hicieron trabajando para la defensa del imputado, para que el hecho parezca involuntario y accidental”, sostuvieron.

Al día siguiente del homicidio de Vitali, a los fiscales les consta que Spoleti se comunicó con el senador Traferri para solicitarle el teléfono de Ponce Asahad. Afirmaron que ese mismo día le escribió al ex fiscal. “Hola, soy el comisario Spoleti, me pasó su teléfono el Pipi para hablar cinco minutos. Cuando usted me diga voy para allá”. Para Schiappa Pietra, “Spoleti habló con Ponce Asahad para buscar alguna influencia judicial”.

Los fiscales entienden que Spoleti actuó de nexo entre Chino Paz y los abogados de Di Franco, para articular la estrategia de defensa. Incluidas reuniones en un bar de Sarmiento y Amenábar, cerquita del Centro de Justicia Penal, tal como se desprende de la investigación.

Durante los 100 días de detención de Di Franco, los fiscales tienen pruebas de que Spoleti y Paz organizaron reuniones en la estación de servicios Shell de Ovidio Lagos y La Vincha con abogados defensores y con otros jefes policiales encargados de pericias e informes relacionados al homicidio. Inclusive solicitaron el teléfono celular del juez Carlos Pareto, advirtieron los fiscales. Y probaron que Spoleti le envió un mensaje a su superior Paz. “Hablé con Carlos P., no prometió nada pero es buena onda”, relató Edery. “Esto es gravísimo. Jefes policiales hablando con los jueces para influir en una causa”, aseveró Schiappa Pietra.

“Gustavo, cuando hables con el abogado andá hablando del tema honorarios”, le indicó Paz a Spoleti en otro de los mensajes puestos como evidencia. “No era el abogado quién buscaba los testigos. Era Spoleti, a expensas del jefe de Policía”, comprobó Edery. “El pedido de reconstrucción integral estaba hecho a medida de lo que necesitaba Di Franco para mejorar su situación procesal”, evaluaron los fiscales.

Cuando le abrieron el teléfono de Nelson Ugolini, ex empleado de Ponce Asahad que también fue imputado por la causa de juego clandestino, descubrieron una conversación con la fiscal sanlorencina Melisa Serena sobre la causa de Vitali. “¿Esa es la domiciliaria que vos acordaste con Krupnik?”, le preguntó el trabajador judicial sobre la atenuación de la medida cautelar otorgada a Di Franco el 28 de agosto de 2019. “Estoy ocupada, después te hablo”, le contestó la fiscal a quien le abrieron un sumario administrativo y la apartaron de la investigación. Actualmente la causa permanece en manos de la fiscal Paola Aguirre.

“El Toto (Di Franco) sale con domiciliaria”, anotició Spoleti al Paz en otro de los mensajes descubiertos. “Excelente hermano, agradecele al senador y a Paul”, respondió el jefe policial del departamento San Lorenzo, según la acusación fiscal.

Spoleti, Paz y Quintana fueron imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario publico e incumplimiento agravado, en concurso ideal. En la otra acusación, a Spoleti le atribuyeron el delito de peculado de servicio e incumplimiento de los deberes de funcionario público en carácter de instigador: ordenaba vigilar carteles de campaña del senador Traferri en 2017.

“Les pagan en la mano, necesitamos dos muchachos para que le cuiden los carteles”, decía Spoleti a Tato Gaudencio, otro de los entonces jefes policiales. “Entendemos que San Lorenzo tiene bastantes problemas de seguridad para que los policías estén custodiando carteles de campaña”, consideró Edery.

A Quintana, los policías Spoleti y Paz le solicitaron que cambie una de las vainas servidas secuestradas en el lugar del crimen, para alterar las pruebas y favorecer a Di Franco. “Todo esto fue armado por Erbetta, a quien yo no conocía”, intentó despegarse el ex jefe de Criminalística de la PDI.

Julio Erbetta estuvo a cargo de la pericia balística en la investigación y denunció que le pidieron falsificar prueba. “Le piden al perito balístico que una de las vainas sea del policía (Ariel) Devico, otro de los que estuvo en el lugar del hecho. De esta manera querían hacer creer que el tiro de Di Franco fue accidental. Esa denuncia de Erbetta fue el primer indicio que tuvimos antes de tener el teléfono abierto de Spoleti. Cuando tuvimos las dos evidencias pudimos desentrañar lo que habían planificado”, manifestó Edery.

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