Un escándalo sacude al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) de Rosario: Daniel F., chofer y delegado gremial con casi 20 años de trayectoria, fue imputado por el delito de malversación de caudales públicos, tras ser acusado de utilizar una ambulancia oficial para participar de una protesta sindical el pasado 8 de mayo.
La imputación fue presentada este viernes por el fiscal Matías Ocariz en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), luego de una denuncia realizada por el intendente Pablo Javkin. Según la Fiscalía, Daniel F. habría retirado sin autorización el móvil 23, una ambulancia Peugeot 2025, de la base ubicada en calle Dante Alighieri 2510, y lo llevó a la zona del Palacio Municipal, donde se desarrollaba una asamblea gremial que bloqueó calles del microcentro rosarino.
De acuerdo con la acusación, el imputado engañó al encargado de guardia al decirle que tenía permiso para usar la unidad, pese a que se encontraba fuera de servicio. La ambulancia no estuvo disponible para emergencias durante ese período, lo que, según la Fiscalía, afectó el funcionamiento del sistema de salud pública.
El caso incluye como pruebas imágenes de medios de comunicación, registros de geolocalización del Sies, audios de handies, videos de cámaras de seguridad y mensajes de WhatsApp donde el delegado expresaba intenciones de “resentir el servicio”. También se incorporó una entrevista al director del SIES, Cristian Bottari, quien afirmó que el chofer actuó por cuenta propia y con actitud amenazante.
En su defensa, Daniel F., asistido por el abogado Gustavo Feldman, negó los cargos y habló de persecución gremial. Dijo que su accionar fue tergiversado por razones políticas y gremiales, y que viene siendo hostigado por denunciar precarización y falta de recursos en el sistema de emergencias. Pidió, además, que el intendente Javkin y el director del SIES sean citados a declarar bajo juramento.
La causa sigue en curso y el imputado permanece en libertad. El delito de malversación de caudales públicos prevé penas de entre dos y diez años de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
