#Indocumentada Detalles del fallo ¿Por qué la Justicia sanlorencina se apartó de la ley?

La entrega del DNI a una mujer de 26 años esta semana es más que un mero trámite administrativo. Los derechos superiores de los hijos de la mujer permitieron el histórico fallo.


La inscripción tardía de una persona es un procedimiento judicial tendiente a inscribir una persona en el Registro Civil y a lograr se le expida su DNI, atento a que no lo ha hecho en el tiempo que determina la ley, que según el art. 28 de la ley 26413, es de 40 días corridos desde su nacimiento, cuando intervienen sus progenitores,  y vencido dicho plazo se inscribe de oficio dentro del plazo máximo de veinte días corridos. Agotado este último plazo, el art. 29 dispone que «sólo podrá efectuarse por resolución judicial», dando luego los recaudos necesarios.

En este sentido, y como lo ha dicho a SL24 la encargada del Registro, «estos trámites son muy comunes» y principalmente patrocinados por la Defensoría General de los tribunales, atento a que los concurrentes son por lo general de escasos recursos y no pueden acceder al patrocinio o representación de un profesional liberal. «Poder acceder al DNI es sumamente necesario, puesto que sin él no se puede hacer ninguna tramitación judicial ni administrativa, ni obtener beneficio social o reconocimiento alguno. Carecer del mismo es estar totalmente fuera del sistema», añadieron desde Tribunales a este medio.

Pero el caso conocido ayer en medios locales es totalmente novedoso. «La medida de inscripción dictada por el juez, de una joven de 26 años, va más allá de la solicitud de la Defensoría. Dicha joven es madre de tres hijos menores, dos de los cuales cuentan con acta de nacimiento, encontrándose suspendida la inscripción del tercero atento a que se esperaba previamente de la inscripción de su madre, para no consignar errónemanete los datos en el acta. En las actas de nacimiento de los dos primeros, el nombre de la madre se encuentra escrito de forma equivocada, y de diferente manera en cada una«, explicaron desde Tribunales.

La modificación de las actas se llama rectificación de partidas y es una medida que es independiente de la inscripción tardía y tiene como objeto corregir los errores materiales o las omisiones en las cuales se incurrió. Es decir que para poder dictarla, hay que iniciar un nuevo expediente, recolectar nuevamente pruebas para acreditarlo, lo cual insume tiempo, genera mayor dispendio jurisdiccional, congestiona el servicio de la Defensoría General, y deja a las personas en un mayor estado de inseguridad jurídica trabando un sinnúmero de otros trámites, judiciales o administrativos.

«Las facultades de los jueces, como principio general, deben estar limitadas a lo que piden las partes (los solicitantes). En este caso la Defensoría no había pedido la rectificación de las partidas de los dos hijos de la joven no inscripta, sino unicamente la inscripción de ésta. En virtud de principios internacionales que resguardan los Derechos Hmanos y protegen la Dignidad y la Identidad de las personas, la Dra. Marisa Malvestiti, titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de San Lorenzo se apartó de dicha regla, la que debe ceder ante principios que tienden a proteger los Derechos Fundamentales. Para ello fundó la resolución en lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos, resoluciones de la Corte Interamericana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, Resolución N° 58/157 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y Resoluciones «Derechos del Niño», N° 2003/86 y 2000/85 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial, entre otras», destacaron a SL24.

Pero también hay que destacar que la jueza tuvo en consideración la situación de vulnerabilidad que tiene como objetivo «garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia, sin discriminación alguna y que recomienda a los estados la elaboración, aprobación, implementación y fortalecimiento de políticas públicas que lo garanticen, imponiendo a los operadores de la justicia un trato adecuado a las personas vulnerables adecuado a sus circunstancias singulares».

Se apeló a las disposiciones de nuestro flamente Código Civil y Comercial, cuyo art. 1° incorpora como fuente de nuestro derecho a los tratados internacionales, y con más razón los de Derechos Humanos y el art. 51 que dispone la inviolabilidad de la persona humana, la cual «en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad».

En síntesis, además de la inscripción de la joven de 26 años, se ordenó de oficio al Registro Civil la rectificación de las partidas de nacimiento de los hijos menores, ponderando el Interés Superior del Niño por sobre normas de carácter procesal local, lo que demuestra la intención de los jueces en garantizar que se efectivice la justicia eliminando obstáculos para los justiciables, y principalmente cuando los mismos no cuentan con las mismas posibilidades, atento a sus condiciones socioculturales desfavorables.

 

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