Aunque la entrevista comenzó con una evaluación de la reforma laboral nacional, que calificó como “pobre” aunque mejor que no avanzar en ningún cambio. Sin embargo, el eje fuerte del diálogo se trasladó rápidamente al diferencial de costos que enfrentan las empresas santafesinas frente al resto del país.
Según explicó el funcionario, en Santa Fe las empresas pagan alícuotas de ART superiores a la media nacional debido al alto nivel de judicialización laboral. El dato que expuso es elocuente: el año pasado bajaron los accidentes laborales en la provincia, pero los juicios crecieron un 20 por ciento. En contraste, en Córdoba los juicios descendieron un 20 por ciento.
La lógica es directa. Si aumentan los litigios, las aseguradoras enfrentan mayores costos. Ese mayor costo no queda dentro del sistema, sino que se traslada a las empresas mediante una alícuota más alta. Actualmente, las empresas santafesinas pagan aproximadamente 100 millones de dólares más que el promedio nacional en concepto de ART. En moneda local, eso representa cerca de 150 mil millones de pesos adicionales.
Cunha sostuvo que este sobrecosto impacta directamente en la competitividad del entramado productivo. Las pymes, industrias y comercios operan con un costo laboral superior al de otras jurisdicciones. Por lo tanto, esto encarece producir en Santa Fe, desincentiva nuevas inversiones y limita la capacidad de contratación de personal. Según la estimación mencionada en la entrevista, los 150 mil millones de pesos que hoy se trasladan desde las empresas hacia el sistema de ART podrían generar al menos 50 mil empleos. Además, este monto podría destinarse a inversión en maquinaria o mejoras salariales.
Para abordar el problema, el Gobierno provincial firmó el año pasado un convenio con la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. A partir de ese acuerdo se envió un proyecto que será tratado el 26 de febrero. El proyecto apunta a modificar el esquema actual de peritajes judiciales.
En la actualidad, los honorarios de los peritos están vinculados al resultado del juicio. Según el diagnóstico oficial, ese mecanismo influye en el sentido de las pericias y alimenta la litigiosidad. El proyecto propone desacoplar los honorarios del resultado del litigio mediante la creación de un cuerpo de tres peritos oficiales dependientes de la Corte Suprema de Justicia. Estos peritos deberán determinar si la comisión médica de la ART actuó correctamente. En caso de que ese cuerpo esté sobrepasado, se habilitará una lista de peritos registrados con honorarios tabulados y desvinculados del resultado judicial.
El objetivo es introducir un criterio técnico y neutral que reduzca los incentivos económicos ligados a la judicialización. Para el Gobierno provincial, se trata de una reforma estructural que busca atacar uno de los factores que encarecen el empleo formal en Santa Fe.
La cifra de 150 mil millones de pesos instala el debate en términos concretos: cuánto cuesta hoy producir en la provincia y cuánto podría liberarse si se reduce la litigiosidad. Para el complejo industrial del Gran Rosario y el entramado pyme santafesino, la discusión no es meramente jurídica. Más bien, es económica y productiva. El tratamiento legislativo previsto para el 26 de febrero marcará un punto clave en un debate que combina justicia laboral, competitividad e inversión.
