La CGT San Lorenzo se mantiene, inexplicablemente, sin tomar posición activa ante una serie de sucesos que golpea al mundo obrero del Cordón Industrial.
En diciembre pasado, Guerrero Motos, en San Lorenzo, despidió a una veintena de empleados argumentando “justa causa” y que derivó de un conflicto que planteó el Sindicato de Metalmecánicos (Smata).
A pesar de la intervención del Ministerio de Trabajo, las diferencias entre el gremio y la patronal no pudo encauzarse, y al día de hoy esos cesanteados siguen sin recuperar sus puestos de trabajo.
Durante una de las manifestaciones que Smata realizó frente los portones de la fábrica, el secretario gremial de esa organización obrera, Román Moyano, fue detenido por la policía e imputado por la Fiscalía en una causa penal. A raíz de ello, ese sindicato y algunos otros denunciaron la “criminalización” de la protesta gremial.
También en diciembre, la ceralera Buyatti, en Puerto San Martín, cesó su producción y anticipó lo que la semana pasada confirmó: cierre de la fábrica y despido de sus empleados, lo que comenzaría a suceder a partir de la semana entrante cuando los dueños comiencen a enviar los telegramas de cesantía.
En uno y otro caso, el confederal regional hizo algo en concreto. Tan sólo se contentó con emitir un comunicado de prensa respecto a la situación en Guerrero Motos y nada hasta ahora sobre Buyatti.
El secretario general Jesús Monzón fue entrevista el pasado jueves en FM 101.1 y se refirió a las negociaciones que lleva adelante la Federación de Trabajadores Municipales (Festram) en torno a las discusiones de aumento salarial. Monzón forma parte de la comisión directiva del gremio provincial y a su vez es el líder del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Capitán Bermúdez.
Sobre la situación que atraviesa Buyatti, se contentó en indicar que están a disposición de lo que resuelva el gremio de origen, los Aceiteros. Sobre el caso en Guerrero Motos, ni siquiera hizo una sola mención.
Sobre esto último, los que avanzaron fueron Smata y la CGT Rosario, cuyos dirigentes se reunieron con el fiscal general Jorge Baclini y su par regional María Eugenia Iribarren, a quienes le pidieron “evitar la criminalización de la protesta gremial”, en alusión a la detención y posterior imputación de Moyano.
De acuerdo a lo que informaron desde Smata, el encuentro tuvo lugar ayer en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Los participantes expusieron y analizaron “el derecho de huelga y a manifestarse, además del punto gris en el que quedan (los sindicalistas) con las denuncias que efectúan las patronales”.
“Le pedimos que cuando ocurran hechos similares al sucedido en Guerrero Motos, los fiscales pidan en el Ministerio de Trabajo la historia total del conflicto y que no solamente se manejen con la denuncia policial”, acotaron.
