María Eugenia Iribarren fue desplazada en el día de ayer del Ministerio Público de la Acusación luego de una auditoría oficial. Esta formalidad es el final de un maremoto de internas, lobbies y operaciones dentro de la unidad fiscal regional de Rosario que tiene bajo su órbita las seccionales San Lorenzo, Cañada de Gómez, Villa Constitución y Casilda.
El cambio del sistema penal en Santa Fe data del 10 de febrero de 2014. La modificación más importante tuvo que ver con la creación del Ministerio Público de la Acusación, institución que nuclea a todos los fiscales de la provincia, que desde entonces son los encargados de las investigaciones y las acusaciones, tareas que hasta ese momento estaba en manos de los jueces. En cambio, el sistema federal de Justicia en Santa Fe sigue con esta lógica de jueces instructores de la investigación. En 2011 el Congreso de la Nación aprobó la implementación de un sistema acusatorio, algo que en los últimos días el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneó Libarona, decidió implementar de urgencia en Rosario.
El sistema acusatorio en Santa Fe generó muchos beneficios; tal vez el más importante fue cortar con detenciones preventivas de hasta más de dos años sin juicio. En la actualidad, el plazo de ley para las detenciones son de 90 días, momento en que se tienen que revisar las pruebas aportadas por el fiscal acusador. El sistema genera muchas garantías de proceso.
Las principales críticas que recibió el exgobernador Hermes Binner, impulsor del cambio del sistema penal, era que no podía transformar el sistema penal sin el presupuesto necesario para tener todos los recursos humanos y materiales. Estas falencias presupuestarias vienen siendo el talón de Aquiles del sistema para que las investigaciones puedan llegar a juicio oral. Muchas de las personas más influyentes del mundo judicial santafesino aseguran que la provincia vive en un sistema de “impunidad virtual”.
La politización y negocios
La designación de los funcionarios judiciales en 2014 tuvo mucha “muñeca” política, tal vez esto explique en parte el presente del MPA de Rosario. No sólo con lo que ocurrió ayer con el desplazamiento de Iribarren, sino de algo mucho peor: la detención de su antecesor Patricio Serjal, quien terminó preso por recibir coimas del “rey del juego clandestino” para garantizar libertad de acción en el territorio para su negocio ilegal.
El caso Serjal fue uno de los que terminó con un proceso judicial y su destitución, pero las internas y los lobbies para perjudicar o beneficiar negocios son una moneda corriente en el ecosistema de negocios de la ciudad de Rosario. Estas anomalías en el MPA son bien conocidas por el gobernador Maximiliano Pullaro. Como también lo eran para Omar Perotti, quien jamás intentó ninguna transformación; por el contrario, trabajó para utilizarla a favor de sus movimientos políticos. Para ver cuál será la vocación de transformación de Pullaro habrá que dejarlo correr en el tiempo y evaluarlo por sus acciones u omisiones.
Rosario no sólo necesita el fin del narcotráfico para volver a brillar, también necesita de una Justicia que no garantice “impunidad”.
