Intimación judicial a Celulosa Argentina para entregar certificado de aptitud ambiental

Una resolución de la jueza Gladis López hizo lugar a una demanda presentada por vecinos de Capitán Bermúdez, en 2006. Consultados directivos de la firma, prefirieron no emitir declaraciones


La doctora Gladis López, titular del Juzgado Civil y Comercial de San Lorenzo, atendió una presentación planteada por los vecinos Ana Alegre y Mario Alberto Rossi, de Capitán Bermúdez, sobre amparo ambiental (expediente 713/06) contra Celulosa Argentina a la que demandaba “el cese de su actividad contaminante”.

El fallo asienta la denuncia formulada en 2006 que revelaba un escape de gases tóxicos, desde el interior de esta industria, y que por ello, incluso, debieron evacuarse alumnos de las dos escuelas lindantes al predio fabril.

«La causa la comenzaron los vecinos y la terminó impulsando Fiscalía de Estado provincial a partir de las emisiones de gases y hechos que afectaron la salud de la población de Capitán Bermúdez», indicó el abogado de Alegre, Alejandro Fabián Echevarne.

En su fallo, la magistrada determinó a Celulosa Argentina cesar con la emisión de TRS (total reduce sulfure) o cualquier otro compuesto de la reducción de azufre, a la vez que impuso un plazo máximo de 30 días para que presente ante su Juzgado un certificado de “aptitud ambiental”, que es emitido por el Ministerio de Aguas, Medio Ambiente y Servicios Público de Santa Fe (vía Secretaría de Medio Ambiente); caso contrario, se ordenará “la clausura” de la planta industrial.

López menciona las diversas medidas realizadas desde su juzgado como así también las tramitaciones gestadas ante el Ministerio aludido y las respuestas interpuestas por la empresa, destacando que durante los 9 años que transcurrieron desde el inicio de la demanda, la firma “jamás” presentó el certificado que vuelve a exigírsele.

Directivos de Celulosa Argentina consultados por SL24 para conocer acerca de alguna decisión adoptada en la materia, prefirieron, por el momento, “no emitir declaraciones”.

El certificado de aptitud ambiental es un instrumento que se obtiene mediante gestiones administrativas ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia. Con ello, y su correspondiente actualización, cualquier empresa puede demostrar que se ajusta a la legislación vigente.

Conocido este fallo, el Sindicato Químico y Papelero de Capitán Bermúdez, fijó posición. Lejos de adherir a esta resolución, expusieron sus inquietudes. «Somos 450 familias que trabajan en esta empresa dentro del convenio, y otra tantas por fuera del mismo que no pueden quedar sin ingresos, hay que llegar a un acuerdo», advirtió Daniel Canóniga, su secretario general, y confirmó que el gremio  se declaró en alerta y movilización para evitar un supuesto cierre de una fuente de trabajo.

Sin embargo, el sindicalista reconoció desconocer los alcances del fallo, exponiendo como prioridad la conservación del empleo.

Echevarne, ante ello, fue contundente: «Hay que analizar qué es más importante, si la vida o el trabajo; los vecinos y los obreros, como suele suceder, terminan siendo rehenes de esta situación”.


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