La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), junto con la Fiscalía Federal N°1 de Santa Fe, investiga penalmente a una empresa santafesina de insumos para el agro que colocó títulos negociables por 100 millones de dólares en octubre de 2019 y, tan solo un mes después, se declaró en cesación de pagos.
La causa tramita en el Juzgado Federal N°1 de Santa Fe, y se abrió una convocatoria pública para identificar a posibles víctimas. Según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal, se trata de determinar si la emisión de deuda fue parte de una maniobra fraudulenta para captar fondos en perjuicio de inversores.
De los títulos al default
El esquema bajo sospecha involucra la colocación de títulos negociables en el mercado financiero por un monto total de USD 100 millones. La sospecha judicial es clara: la empresa habría lanzado la emisión con pleno conocimiento de su incapacidad de pago.
El delito que se investiga es administración fraudulenta, contemplado en el art. 173 inc. 7 del Código Penal. La calificación podría agravarse si se prueba que hubo intención deliberada de vaciamiento o uso indebido de información privilegiada.
Buscan inversores damnificados
La fiscalía busca ahora a personas físicas o jurídicas que hayan adquirido los títulos emitidos entre octubre y noviembre de 2019. El objetivo es identificar a los damnificados, que podrían sumarse como querellantes y aportar pruebas fundamentales.
Quienes hayan invertido en esa colocación pueden escribir al correo denuncias-pfsantafe@mpf.gov.ar, incluyendo datos personales y copia de los documentos que acrediten la compra de los títulos.
Una nueva crisis empresarial que salta al fuero penal
Aunque el comunicado no menciona el nombre de la empresa, fuentes judiciales aseguran que se trata de una firma santafesina de peso en el rubro de provisión de insumos agrícolas, con fuerte actividad en el centro y norte del país.
El expediente marca un nuevo caso de default que no se limita al fuero comercial: la Justicia Federal entiende que pudo haber delito económico, lo que diferencia este proceso de otros casos que comenzaron por la v\u00eda civil o concursal.
Un espejo con Vicentin, pero con ruta directa al delito
Aunque la situación no es idéntica, el caso remite inevitablemente al default de Vicentin, ocurrido pocos meses después. La diferencia es que aquí la investigación inicia directamente por presunta estafa, sin pasar primero por un proceso preventivo o un expediente comercial.
En ambos casos, sin embargo, se observa el mismo patrón: empresas fuertemente vinculadas al agro que captan millones en el mercado de capitales y luego ingresan en cesación de pagos de manera abrupta.
Impacto en la confianza financiera
El comunicado de la fiscalía es claro al señalar que este tipo de maniobras “daña la confianza en los instrumentos financieros y pone en riesgo a inversores particulares que operan de buena fe”. Por eso, remarcan la importancia de detectar si hubo conocimiento previo del colapso financiero por parte de los emisores.
La convocatoria busca, además, acelerar el esclarecimiento del caso y ampliar el universo probatorio para determinar responsabilidades.
