Allanamientos en Puerto

Investigan a sanlorencina como secretaria de empresario imputado por juego clandestino

La investigación de tres fiscales apunta a una empleada que le allanaron el domicilio y le atendía el teléfono al arrepentido Peiti. Hay dos fiscales en prisión preventiva, acusados de recibir coimas.


Entre los once allanamientos realizados este martes en relación a la causa por juego clandestino -que desató el escándalo en la Fiscalía de Rosario luego de que su titular Patricio Serjal, el fiscal a su cargo Gustavo Ponce Asahad y el empleado Nelson Ugolini fueran imputados por cobrar coimas al empresario del juego legal e ilegal Leonardo Peiti-, uno de ellos tuvo lugar en un departamento de la localidad de Puerto San Martín. La investigación de tres fiscales se concentra también en una sanlorencina, llamada Brenda L., que habría sido secretaria del empresario arrepentido Peiti, indicaron voceros judiciales.

Los procedimientos tuvieron su origen en un pedido realizado por los fiscales Matías Edery, Luis Schiappa Pietra y Gisela Paolicelli, de la Agencia de Criminalidad Organizada. El objetivo fue la búsqueda de documentación de interés para la causa. En Puerto San Martín, el allanamiento se llevó a cabo en un departamento de calle Junín al 100, piso 3, departamento B. “Tiene relación a una persona que investiga Fiscalía”, señalaron desde el Ministerio Público de la Acusación.

En los allanamientos, los tres fiscales solicitaron el secuestro de toda documentación y material de interés para la causa, tales como dispositivos de almacenamiento electrónico, celulares y relevamiento de vehículos hallados en dichos domicilios.

En el acta de audiencia imputativa al fiscal Patricio Serjal, a la que tuvo acceso SL24, el nombre de la sanlorencina aparece en al menos dos oportunidades. Y en una tercera investigan si era la secretaria que atendió una llamada telefónica entrante en el celular de Peiti, para entablar una breve conversación con el ex diputado Darío Scataglini en la que fue citado el senador departamental Armando Traferri.

Según la investigación, Peiti dejó de utilizar su teléfono celular después del 1° de julio. Transcripción de la conversación telefónica en la cual habla Scataglini con la secretaría del empresario.

-Hola

-Hola

-Sí, quien habla

-Sí, buenas noches, Darío Scataglini, necesitaría hablar con Leo

-Mira, habla la secretaría, yo tengo este teléfono pero le aviso que lo llamaste y que se comunique

-Sí, te dejo un número por favor

-Para, decime que se lo paso, decime

-342-6146814

-6814, Darío…

-Llamo de parte del senador Traferri

-Bueno, le digo

-Gracias

-Gracias, hasta luego

 

Cinco meses atrás habían allanado la casa de la secretaria de Peiti, situada en Paraguay al 200 de Rosario. Allí los pesquisas recolectaron investigación de dispositivos de almacenamiento y del celular de Brenda, que vincularía al empresario arrepentido con el juego clandestino, señalaron fuentes judiciales.

Los investigadores también encontraron fotos del Audi en el que se movilizaba Peiti durante los encuentros con los fiscales Serjal y Ponce Asahad. Las imágenes fueron extraídas del back up de su teléfono celular hallado en el allanamiento a la casa de Brenda.

 

La megacausa

La causa por juego clandestino comenzó con la investigación a una banda de extorsionadores, por la que está detenido como líder el lugarteniente de Los Monos Maximiliano “Cachete” Díaz, dedicada cometer balaceras y amenazas para cobrar por “seguridad”.

La pesquisa comenzó el 11 de enero pasado con la balacera contra los balcones del Casino City Center que terminó con el asesinato del gerente de la sucursal del Banco Nación de Las Parejas, Enrique Encino. Al quedar detenido Cachete y parte de su banda se conocieron otros blancos de aprietes, entre ellos el empresario del juego legal y también sindicado en otras causa por el ilegal Leonardo Peiti, hasta que se presentó a finales de julio pasado y declaró como arrepentido.

En su declaración describió cómo le pagaba coimas al entonces fiscal Regional Serjal, a Ponce Asahad y Ugolini. Los tres están imputados por llevaron adelante un plan criminal donde cobraron al empresario arrepentido entre 4 y 5 mil dólares mensuales a cambio de brindarle información que lo ayudara a lograr impunidad.

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