La aparición de testimonios de identidad reservada, más el aporte de documentación con fehaciente validez judicial presenta el caso Vicentín de una manera completamente diferente de lo que hasta hoy se cuenta.
Los elementos y revelaciones, nuevos y desconocidos, enseñan suficiente veracidad. Al menos, en un país bajo el imperio de la Ley, las instituciones y los Poderes del Estado funcionando a Derecho y que deberían reparar.
Los sucesos exponen a los máximos responsables del Banco Nación (BNA), bajo la conducción de Eduardo Hecker, en postura delicadamente irregular con la decisión tomada en contrario por desoír las condiciones que alcanzó Vicentín para evitar el Concurso Preventivo, según el análisis documentado de funcionarios de carrera de la institución bancaria.
Vicentín hubiera evitado el Concurso a través de alguno de los Acuerdos Preventivos Extrajudiciales (APE) rechazados arbitrariamente, y con ello su historia sería bien diferente. Además, los intereses de la masa de acreedores y del propio BNA se hubieran resguardado, según se desprende del análisis técnico, económico-financiero y las garantías ofrecidas. Todo, compatible con las normas y los procedimientos bancarios.
Existieron cinco negociaciones formales el primer cuatrimestre del 2020. Las dos primeras propuestas de APE tienen fecha el 29 y 30 de enero de ese año y resultaron fallidas por no cubrir requisitos, aunque contaban con garantías, según se consigna el 11 de febrero en documentos del Nación cuando los directores recibieron aviso de parte del consejo de la alta línea del banco. Los considerandos se detallan -en cada caso- en documentos oficiales en la forma de Despachos que las Actas de directorio numeradas estipulan y dan formalidad administrativa legal a estas diligencias.
A principios de febrero se organizó un encuentro que trataba la deuda de Vicentín en la Casa Central del Nación con representantes de banca pública y privada local, bancos internacionales y principales fiadores comerciales. Allí, le encomendaron, bajo palabra, a Eduardo Hecker y su plana mayor negociar y acordar el cobro del pasivo. De hecho, esa fue la aparente actitud.
Nadie cerraría trato sin el primer paso de la banca pública local por el temor que inspiraba el Gobierno sobre el futuro de la agroexportadora.
En la tercera propuesta fechada el 13 de febrero de 2020, Vicentín remedió toda orden solicitada por el Directorio del BNA a instancias de sus máximos gerentes para reordenar las cuentas con el propósito de recuperar la continuidad operativa. Con esto, la aceitera cubría el pedido no sólo para el Nación sino para el resto de los acreedores. Sin embargo, el 20 de febrero de 2020 el Acta numerada 311 contravino el dictamen favorable del Despacho de los gerentes.
En rigor, Eduardo Hecker y Claudio Lozano ya sabían que nunca firmarían algún convenio de ese tenor. Y, lo que es más osado, desestimaron por cuenta propia la palabra confiada por el resto de los reclamantes en aquélla reunión de principios de febrero.
Vicentín accedía inocentemente por entender que se trataban de nuevas solicitudes para ampliar beneficios en favor de la demanda y, como una puja de negociación. Así, la dirección del banco subió el umbral de exigencias por cuarta vez, satisfechas el 4 de marzo de 2020.
Pese a repetir el logro, otra vez, Hecker y sus colegas denegaron las aspiraciones requeridas y cubiertas de parte de la familia de Avellaneda, desde el norte de Santa Fe. Las constancias figuran en documentos oficiales del BNA con el Acta de Directorio numerada 435 que desoyó esos Despachos oficiales aprobados.
Puede leerse: “El citado plan facilita el cumplimiento de las obligaciones involucradas de manera ordenada acompañando la generación operativa de la empresa.
“Las modalidades propuestas para la refinanciación de la deuda con los bancos públicos, permitiría al BNA con mayores garantías reales, un nivel de recupero de la deuda en términos actuales del orden del 90 % (estimando una tasa de descuento del 5 %) y una “duration” de 6 años.”
El último párrafo sorprende al contradecir el análisis precedente “que la oferta fue con ajuste a lo dispuesto”, pero al cerrar el Acta 435 dice: “Si bien se considera un avance en las negociaciones, las condiciones de la nueva propuesta de la Compañía aún resultarían insuficientes para las pretensiones de recupero de este banco en atención a las garantías ofrecidas”.
El cortocircuito entre la alta gerencia y la dirección del BNA se tensó al máximo, con prescripción de aumentar peticiones, hipotecas, garantías y más dinero llegando a plasmarse en un quinto APE, en que Vicentín volvió a alcanzar todos los pedidos, debidamente auditados por los cuadros técnicos.
El Despacho fue tratado y negado desparpajadamente con expresiones verbales directas en desmedro del propio interés del Nación afectando deliberadamente la suerte de Vicentín, lo que promovió el airado estupor de los altos funcionarios, posteriormente despedidos sin indemnización. Esta quinta vez, enfrentaron abiertamente al directorio por el tratamiento brindado el 5 de mayo de 2020, al explicarles enfáticamente que, al cobrar, salvaguardaban los intereses de la institución y de quienes encomendaron el trato a ese fin.
Tan virulenta fue la discusión que se resolvió no hacer constar en Actas. Así, por carácter transitivo, se allanó para alguien el plan de apropiarse de la firma, groseramente. La negativa fue comunicada a la concursada el 25 de mayo de 2020 y por teleconferencia.
El directorio está denunciado penalmente por la posible comisión del delito de abuso de poder ante el juez Ercolini y el Fiscal Pollicita. Otra acción similar recayó sobre la Procuraduría de Asuntos Administrativos. En cuanto al probable incumplimiento de deberes del funcionario público y la aparición de evidencia comprometedora todavía no se hicieron presentaciones judiciales.
Matías Kulfas, ministro de Producción, ya venía trabajando con la senadora Anabel Fernández Sagasti en el Proyecto de Expropiación e intervención sobre la Compañía. El anuncio fue dado al país por el Presidente el 9 de junio de 2020.
La reacción social obligó al Gobierno a replegarse: “Creí que me iban a aplaudir”, dijo el jefe de Estado. Santa Fe tomó la posta, para bajar el perfil, e intentó un fideicomiso que no fue.
Sigue hasta nuestros días el hilo de declaraciones presidenciales en diversas entrevistas en consonancia indubitable con la idea de afectar la propiedad privada ¡y explicarlo! Detalla, desde el vamos, cambiar el sistema comercial de granos, mientras el campo duerme la siesta.
El accionar judicial tiene, entre otras gravedades, el pedido de avocación sin los créditos que, paralizaron el Concurso. A contrapelo, la puesta en escena de Claudio Lozano citando a “Radio pasillo” de testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita, lo que le valió una seria reprimenda en Comodoro Py. Luego, haría el conocido show off para la prensa al salir del Tribunal. No hay tal causa.
Allí se encontró con el testimonio de un funcionario del BNA que explica, claramente, en un documento oficial lo que la propia entidad ocultaba ante la resonancia del caso: un informe técnico firmado por los titulares de las áreas de Riesgo, Legales, Sumarios, Auditoría General, Banca Comercial –cuya firmante es hoy gerente general del Nación-, el entonces gerente general y hoy gerente de finanzas firmaron el documento oficial que afirma que el proceder de los funcionarios y de la institución fue según normas y prácticas bancarias en relación con lo actuado en la gestión de Javier González Fraga respecto de Vicentín.
El otro desmanejo del Nación es el contrato preexistente a la cesación de pagos. Se trata de una garantía de cobro automático del 100% en función de las operaciones que la planta de Bioetanol de Avellaneda registrara, salvo gastos operativos. Ese directorio desestimó dicha fuente de ingreso por lo que en los dos primeros años de Concurso cobró solamente u$s 8.- M porque forzó el funcionamiento al mínimo. De haberlo hecho al 100% hubiera cobrado u$s 40.- M en el mismo tiempo… casi seis años de trabajo para cancelar toda la deuda.
De otro orden menor, en Santa Fe, pedidos de informe de quien escribe ante la Defensoría del Pueblo o presentaciones que solicitan se investigue el accionar gravoso de letrados, sin respuesta de parte del Tribunal de Ética.
El Concurso es el instrumento legal más perfecto y suficiente para el control de una empresa en dificultades y mitigar los daños ante dicha situación. No obstante, raros excesos la sometieron: Auditoría forense, ¡tres! sindicaturas, interventores por la provincia y del Estado Nacional, y múltiples demandas con la zozobra de ánimo que toca hacer frente.
La audiencia penal del próximo 5 de mayo que toca al directorio de Vicentín guarda un “mientras tanto”. El hecho de que el alcance de la significación que se hace con esas bajezas evidencian la limitación de no tener acceso a la causa misma de los hechos, sino a lo que las noticias dicen de ellas y como influjo.
Mientras tanto te denuncio, embargo, allano y te someto al escarnio social para, cuando pasen diez años la Justicia diga “inocente”. Por ahí, andan las continuas injurias y difamaciones públicas a los miembros de la familia que profieren cobardemente legisladores amparados en inmunidad parlamentaria buscando hacer eco en la sociedad desinformada ¿Quién devuelve?
En general, quienes padecen un proceso de este tipo, la mayor preocupación no está en el resultado final del mismo, sino en el daño que les causa su vivencia y desarrollo, aun cuando al final pudiera serles favorable.
La política moderna, en particular la de Argentina, se sirve de esta circunstancia atrozmente. La causa Vicentín es prototípica de esta descripción; más allá de si efectivamente existen o no reproches de alguna naturaleza.
El azufre de la política siempre tiene un papel protagónico, maldito. La Comisión de seguimiento de la Cámara de Diputados de Santa Fe es arbitraria, parcial y carece de información fidedigna: piden testimonios al interés propio, sin voces disonantes; el propio diputado Del Frade mandó un audio alentando huelgas en Algodonera Avellaneda.
Las declaraciones de diputado Luis Rubeo “Toda la información que damos a conocer nos la dan terceros. No producimos nada. No tenemos esa capacidad. Nosotros confiamos en las entidades públicas o privadas interesadas en la cuestión. Creemos en sus informes”, abunda.
Queda otro ítem: la doble vara y se da en casos concretos, comparables y actuales. Esta gestión del Nación tiene empresas “amigas” que clasifican en situación Normal 1 con atrasos que llegan al año por impagos, y con sumas millonarias. Al 31 de julio de 2021 un grupo de 174 clientes debía $ 5.900.- M preservando estatus financiero en regla.
Al momento del default de Vicentín, la provincia de Chaco tenía 292 días de mora y Mendoza llevaba desde el 2017 el mismo trato, sin hacer aportes de amortización de Capital.
Molino Cañuelas entró en concurso, casi a la vez, y debe u$s 1.400.- M a bancos. Su deuda con el Nación es similar a la de Vicentín y, es quirografaria; está debidamente acreditada. El colmo de este Gobierno es haberle otorgado en mayo último, sin cumplir ningún requisito, un subsidio de $ 1.098.951.866,38.- por el que ha sido denunciado penalmente su benefactor, el entonces secretario de Comercio, Roberto Feletti. Todos dejan en paz a esta empresa. Curioso.
La familia del norte santafesino perdió su empresa, ya. Sin embargo, no ha despedido personal y cumple todas las formalidades administrativas e impositivas. Soporta estoicamente todos los embates. Las ofertas del 1er trimestre del 2020 hubieran resguardado lo que correspondía a los acreedores quienes siguen impedidos de cobrar.
Vicentín alcanzó las mayorías que la Ley exige con un acuerdo aprobado por el juez y que protege a acreedores menores frente a los de mayor escala, algo que la jurisprudencia contempla. El Juez tiene autoridad, competencia y poder para que el fuero penal levante las cautelares que pesan sobre las acciones resguardadas para el pago de deuda que se espera por estos días.
Un lobby político, empresario y de abogados impide su ejecución inventando artilugios, pretendiendo apropiársela. Muchos eran del “club de amigos” a los que la aceitera ayudó a enriquecerse en su momento. Vergüenza ajena.
Nadie explica cómo se va a financiar la actividad fabril, de dónde saldrá el dinero -con la situación de quebranto que vive el país- para el capital de trabajo necesario para operar, la magia de mantenerla operativa de un día a otro y, cómo recuperarán sus acreencias los acreedores o, cómo se protegerán miles de puestos de trabajo directos durante una aventura sin managment idóneo ni capacidad financiera nacional.
Un cardumen de tiburones anida en torno al juzgado buscando que la concursada fracase para quedarse con ella, sin siquiera dilucidar que pertenece a quienes esperan por su dinero.
Al otro lado de la Mesa de entradas, el Juez Fabián Lorenzini tiene la última carta que evita una crisis con despidos, protestas y el cierre de una joya de ingeniería, como lo es Renova, y donde nadie cobra. Sin embargo, la espada de la Ley le habla al magistrado de la existencia de una abrumadora mayoría alcanzada con aceptación del 62,93% acreedores y 71,73% capital.
El caso es la apropiación más limpia y directa sobre la propiedad privada que se conozca de este sello administrativo, a menos que se impida. Esta recurrencia avala las protestas nacionales en defensa de la propiedad privada, que se hicieron oportunamente. Cristina y Alberto en el 2008 contra el agro, primero. Vueltos al poder, tal vez la revancha sea esta.
Bernardo Basombrío
(*) Periodista, escritor y autor de ¡Exprópiese! El caso Vicentín
