La fiscal sanlorencina Melisa Serena fue imputada este miércoles en la megacausa por juego clandestino en el sur de la provincia de Santa Fe, que derivó en la detención del fiscal Regional Patricio Serjal, el fiscal Gustavo Ponce Asahad y el empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Nelson Ugolini por cobrar coimas al empresario del juego Leonardo Peiti.
Aunque en la audiencia Serena no fue acusada por delitos que la incluyan en la asociación ilícita, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, le atribuyeron el incumplimiento de los deberes de funcionario público y omitir perseguir delitos que fueron conocidos en ejercicio de sus funciones.
A Serena le imputaron el hecho ocurrido el 6 de febrero de 2020 cuando mantuvo una conversación intercambiando mensajes por Whatsapp y Telegram con Ugolini, ex secretario de Ponce Asahad. Allí el empleado del MPA le solicitó información acerca de eventuales allanamientos que se estaban haciendo en San Lorenzo por delitos de juego ilegal y prácticas delictivas popularmente conocidas como puertos secos.
Los fiscales Schiappa Pietra y Edery remarcaron que estas conversaciones se extrajeron del teléfono de Ugolini y que con estos indicios se determinó que la fiscal Serena sabía de la existencia de las investigaciones sobre estos hechos y no puso en conocimiento a los fiscales de la Agencia contra la Criminalidad Organizada de Rosario. También la acusaron por omitir iniciar una investigación por estas actividades ilícitas, señalaron voceros del MPA.
Según la investigación, Ugolini, Ponce Asahad y Serjal recibían 5 mil dólares mensuales de Peiti a cambio de alivianar su situación procesal y mantenerlo informado sobre investigaciones en su contra. Al abrir el teléfono de Ugolini, los fiscales encontraron audios que comprometieron la situación de la fiscal Serena y también del senador provincial, Armando Traferri, de quien solicitaron sin suerte su desafuero en la Cámara de Senadores.
