La provincia de Santa Fe marcó un hito en su historia judicial. En San Cristóbal, se puso en marcha el primer juicio por jurados, un caso que juzga el asesinato de un policía y que, sin dudas, se convierte en la noticia judicial más relevante de la semana. Este nuevo modelo de administración de justicia no es solo un cambio procesal; es un paradigma que coloca a la ciudadanía en el centro de la escena, con todo lo que ello implica.
Desde mi perspectiva como profesional del derecho, esta iniciativa promete una mayor transparencia en la justicia. Sin embargo, la implementación trae consigo un sinfín de interrogantes sobre su funcionamiento práctico y el impacto real en la vida de aquellos ciudadanos que sean designados para cumplir con esta crucial tarea.
Como bien detalla el Poder Judicial de Santa Fe, el jurado se conforma por doce ciudadanos sorteados públicamente que, sin necesidad de conocimientos legales específicos, tienen la enorme responsabilidad de decidir si un acusado es culpable o inocente en delitos penales. Se trata de una carga pública, una forma directa de contribuir al servicio de justicia, una función que hasta ahora estaba reservada exclusivamente al Estado.
Los miembros del jurado, bajo la conducción del juez, presenciarán todas las instancias del juicio: acusaciones, defensas, producción de pruebas como pericias, documentos, fotos, informes y testimonios. Tras un proceso de deliberación, determinarán de forma secreta el veredicto. Luego, será el juez quien impondrá la pena, de acuerdo con la base fáctica y la calificación del hecho.
Más allá de los tecnicismos, la puesta en marcha del juicio por jurados nos lleva a plantearnos una serie de interrogantes fundamentales como sociedad:
-¿Estamos realmente preparados para este cambio de magnitud en la justicia penal?
-¿Contamos con la madurez social suficiente para asumir esta responsabilidad?
-¿Qué garantías de seguridad y protección se les brindará a los ciudadanos que asuman el rol de jurados?
-¿Estarán los jurados exentos de presiones, represalias o amenazas que puedan influir en su libre voluntad al momento de emitir un veredicto?
-¿Cómo recepcionará la sociedad santafesina esta nueva carga pública?
Estas son solo algunas de las inquietudes que surgen y que, seguramente, irán encontrando respuesta con la propia experiencia de la implementación del sistema. Sin embargo, la magnitud de este cambio exige, sin lugar a dudas, una gran campaña de información y concientización. Es fundamental que la sociedad en su conjunto comprenda el alcance de esta transformación en el sistema judicial y la enorme responsabilidad social que se le otorga al pueblo, quien ahora decidirá sobre el destino de las personas llevadas a juicio bajo este nuevo paradigma.
El juicio por jurados representa una apuesta audaz por la participación ciudadana en la justicia. El tiempo dirá cuán exitoso será este desafío y si nuestra sociedad está lista para este nuevo rol protagónico.
