El aviso, impreso y pegado en la puerta, advierte que el comercio cuenta con “15 cámaras nuevas y bien visibles” y que hay una persona dedicada exclusivamente a monitorearlas. Hasta ahí, un mensaje preventivo habitual en tiempos donde la inseguridad golpea fuerte a los comercios de cercanía.
Pero el texto va mucho más allá.
“Si se detecta a un ladrón, se le electrocutará tanto que ni su mamá lo va a reconocer”, señala el cartel, en un tono que rápidamente encendió la polémica. También agrega: “No robar: las consecuencias serán bajo su propia responsabilidad. No te conviertas en una vergüenza de Argentina”.
En el tramo final, los propietarios aclaran que el mensaje “es solo para los ladrones” y no está dirigido a sus “queridos clientes”, explicando que la decisión fue tomada tras detectar “demasiados robos” en el último tiempo.
La publicación del cartel no tardó en circular por redes sociales y grupos de WhatsApp de la región. Las reacciones fueron inmediatas y divididas. Mientras algunos vecinos respaldaron la postura del comercio, argumentando que los comerciantes están “hartos” de la reiteración de hurtos y la falta de respuestas, otros cuestionaron el tono y el contenido del mensaje, advirtiendo que la amenaza de “electrocutar” a una persona cruza una línea peligrosa.
El trasfondo del episodio expone una realidad que se repite en el Cordón Industrial: pequeños y medianos comerciantes que denuncian robos constantes, muchas veces de mercadería menor pero sostenidos en el tiempo, que erosionan la rentabilidad y generan un clima de permanente tensión.
Sin embargo, el debate de fondo va más allá de la anécdota.
La advertencia pública de aplicar una supuesta represalia física instala el fantasma de la justicia por mano propia. En un Estado de Derecho, la persecución y sanción del delito corresponde exclusivamente al sistema judicial y a las fuerzas de seguridad. Cualquier forma de violencia privada o amenaza explícita puede derivar en responsabilidades penales.
Especialistas en derecho penal consultados por este medio recordaron que la colocación de carteles disuasivos no constituye delito en sí misma, pero que la amenaza concreta de aplicar daño físico podría encuadrarse en figuras penales si se interpreta como intimidación. Más aún si se verificara la existencia de mecanismos capaces de generar lesiones.
En paralelo, el episodio reabre la discusión sobre el nivel de respuesta frente a los delitos menores. Comerciantes de distintas localidades del Gran Rosario vienen señalando que muchas detenciones se traducen en liberaciones rápidas y que la reincidencia es un problema creciente. Esa percepción alimenta discursos más duros y reacciones cada vez más extremas.
En ese contexto, el cartel del supermercado de Villa Cassini se convierte en síntoma de un clima social cargado de frustración y enojo. Un mensaje que busca disuadir, pero que al mismo tiempo tensiona los límites legales y éticos.
La pregunta que queda flotando es incómoda: ¿hasta dónde puede llegar un comerciante para proteger su negocio sin caer en la lógica de la justicia por mano propia?
Por ahora, el local continúa funcionando con normalidad y el cartel sigue en su puerta. La polémica, en cambio, ya está instalada en la discusión pública del sur santafesino.
