Duro comunicado

La agroindustria se para de manos frente al avance de la política en el caso Vicentin

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales advirtieron que si el estado continúa con la decisión de constituir una empresa estatal “debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado”.

La agroindustria se pronunció sobre los recientes hechos políticos que tienen a la aceitera Vicentin en vilo por la decisión judicial de no homologar la propuesta de pago presentada por la empresa. De esta manera, a través de un duro comunicado la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) expresaron su profunda preocupación por las expresiones de autoridades políticas relativas a la reciente decisión judicial de primera instancia sobre el caso VICENTIN S.A.

“Es imperativo que se respeten todos los procedimientos legales y la división de Poderes, emanados de la Constitución Nacional, y se deben seguir sin desvíos los preceptos que de ella surgen. Violentarlos genera inseguridad jurídica, cuestionamientos a la propiedad privada, riesgos laborales y asimismo, aleja las inversiones en el país”, advierte el comunicado publicado durante la mañana de hoy.

“Desde CIARA y CEC se considera que las recientes medidas judiciales pueden tener consecuencias en la estabilidad laboral y eso deteriorar las condiciones de funcionamiento de toda la industria, en un momento de debilidad macroeconómica, fuerte caída de la industrialización y exportación por la sequía y tensiones sociales de público conocimiento. Sin perjuicio de lo anterior, si el Estado Nacional continúa con su decisión de constituir una empresa estatal agroindustrial exportadora, ésta debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado. Cualquier tratamiento diferencial en materia financiera, impositiva o de otra naturaleza generará graves consecuencias económicas y sociales en este sector industria”, continúa el escrito. Y finaliza: “Por lo tanto, se ruega a las autoridades nacionales y provinciales que eviten “politizar” las decisiones judiciales que no están en firme y que se abstengan de emitir mensajes que pueden ser interpretados como riesgo laboral para las familias de la industria aceitera nacional”.

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