Los integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario emitieron un duro comunicado institucional en el que rechazaron las declaraciones del fiscal regional Matías Merlo, quien había cuestionado a jueces que resolvieron contra la competencia provincial en causas de venta de drogas a baja escala y advirtió que esas decisiones podrían provocar “más homicidios” y “balaceras”.
En el documento, firmado por 14 camaristas, los magistrados calificaron los dichos del jefe de los fiscales como “desajustados y agraviantes” y afirmaron que constituyen “un intento de coacción institucional” que busca trasladar al Poder Judicial responsabilidades que corresponden al Ministerio Público de la Acusación.
“Resulta temerario y carente de rigor jurídico pretender vincular resoluciones sobre competencia judicial con la responsabilidad funcional en la producción de futuros hechos de violencia o balaceras”, señalaron los jueces. Además, sostuvieron que esa afirmación configura “una falacia de causalidad” que utiliza el temor social frente a la inseguridad como herramienta de presión sobre la magistratura.
Los camaristas también recordaron que muchos jueces han sido víctimas de ataques y amenazas vinculadas a su labor en causas contra organizaciones narcocriminales.
En su respuesta, los magistrados defendieron los fallos que derivaron expedientes al fuero federal al sostener que se ajustan a las normas de competencia previstas en la Ley de Desfederalización de Microtráfico 26.052 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Según detallaron, entre 2024 y lo que va de 2026 la Cámara recibió 358 recursos vinculados al fenómeno del microtráfico y solo en siete casos se declaró la incompetencia para remitirlos a la Justicia Federal, cuando las causas excedían el marco del narcomenudeo y a pedido de las partes.
“Estas declaraciones de incompetencia no son concesiones a la impunidad, sino el cumplimiento estricto del principio de legalidad y de la garantía del juez natural”, remarcaron.
Finalmente, los camaristas calificaron las expresiones del fiscal regional como “un exabrupto institucional impropio de un funcionario de su jerarquía” y advirtieron que resultan lesivas para la independencia judicial.
“La independencia de los jueces es la última garantía de los ciudadanos frente al poder. Ceder ante presiones que exigen apartarse de la ley bajo amenaza de responsabilidad social por hechos de violencia sería claudicar en nuestra función republicana y democrática”, concluye el comunicado firmado por los magistrados de la Cámara. Dres. Bibiana Alonso, Javier Beltramone, Silvia Castelli, Daniel Curick, Nicolas Foppiani, Carolina Hernández, Alfredo Ivaldi Artacho, Juan Lavini Rosset, Guillermo Llaudet, Ismael Manfrín, Miguel Moreno, Tomás Orso, Gustavo Salvador y Gabriela Sansó.
