La jueza Moira Fullana, a cargo del tribunal, consideró que el decreto fue dictado sin que existiera una verdadera situación de necesidad y urgencia, ya que el Congreso estaba en funciones. También destacó que la inclusión de la Marina Mercante como servicio esencial podría vulnerar derechos constitucionales como la libertad sindical y el derecho de huelga.
“Se observa una asimilación al Decreto 1772 de Menem, dictado en un marco de emergencia económica y reorganización del transporte marítimo, fluvial y lacustre. Se trató de una privatización encubierta que generó profundas consecuencias para la industria nacional”, opinó Jorge Metz, ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables.
Para Metz, el decreto de Milei retoma una lógica similar, sin pasar por el Congreso ni por un debate abierto con el sector: “Se interpreta como que los asesores de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación imaginan que a las corporaciones gremiales del trabajo y a la Justicia se les pueda pasar esta iniciativa. Qué falta de idoneidad de los intervinientes”.
La medida cautelar fue solicitada por la CGT para frenar el avance del decreto mientras se resuelve la acción de amparo principal. El fallo señala que no existe perjuicio al erario ni se requiere contracautela, ya que no hay daño económico para el Estado. Sólo se protege el estado de derecho mientras se sustancia la causa.
Metz, que fue uno de los impulsores de una mirada estratégica sobre el rol del Estado en el sistema portuario y la navegación, agregó: “La actividad de la marina mercante es clave en la asistencia al comercio, en la emergencia energética y en el cumplimiento de obligaciones de servicio. Pero todo esto debe hacerse bajo el marco del debate obligatorio que necesita este tipo de regulaciones, no con atropellos ni decretos improvisados”.
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Un puerto sin agua y un barco varado hace díasCon esta decisión judicial, el gobierno deberá repensar su estrategia frente al sindicalismo y revisar el alcance de sus medidas por decreto. En un contexto donde la conflictividad social y gremial va en aumento, el caso podría marcar un precedente para otras medidas que afecten derechos colectivos de los trabajadores.
La CGT, por su parte, celebra una victoria que refuerza su capacidad de acción institucional, mientras Milei suma otro tropiezo en su plan de reformas por decreto. El fallo también deja una señal clara: la justicia laboral está dispuesta a intervenir cuando se avasallan derechos constitucionales fundamentales.
