Una nueva denuncia penal recayó sobre la Comuna de Puerto Gaboto por presuntas maniobras fraudulentas, que ya investiga Fiscalía de San Lorenzo: aseguran que se extraviaron 78 cheques de pago diferido por una cifra superior a los 9,3 millones de pesos. El hecho provocó revuelo en la localidad y vuelve a poner bajo la lupa al gobierno de Sandra Aguirre.
A mediados de abril pasado había estallado el escándalo institucional en Gaboto con denuncias por fraudes inmobiliarios que salpicaban a la presidenta comunal, a los miembros de la comisión y del tribunal de cuentas. Acusaron a Sandra Aguirre y demás funcionarios comunales de ceder derechos de propiedad de lotes y viviendas que ya tenían dueños, argumentando que dichos inmuebles pertenecían a la Comuna de Gaboto. En otras palabras, deberán explicar en la Justicia si vendían o no lotes truchos.
Pero ahora la cuestión es otra: piden explicaciones por 78 cheques extraviados, entre los cuales había 24 que estaban vencidos para el cobro, algunos de ellos hacía 30 días. En la denuncia penal se plantea que “ningún proveedor de bienes y servicios a una administración pública dejaría que los cheques se venzan” y no suena para nada ilógico.
Allegados al tema, informaron a este medio que “suponen que la Comuna emite cheques y como no tiene fondos bancarios, arma un listado y hace una orden fraudulenta de no pago”. Luego “denuncia que perdió esos cheques y hace el trámite ante el banco. Y el banco no los paga”. Aventuraron además que puede resultar una maniobra “para ganar tiempo y renegociar deudas, dar otros cheques en compensación de los extraviados”. Y advirtieron que “ahí se generan otros delitos como falsas denuncias y orden fraudulenta de no pago”.
A la Fiscalía de San Lorenzo ingresó una denuncia por los presuntos delitos de asociación ilícita por librar cheques, dar contraorden de frustrar pago, falsa denuncia, malversación de fondos públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de la presidenta comunal Sandra Aguirre, miembros titulares y comisión de controladores de cuentas, precisaron.
Y consideraron que la denuncia presentada el pasado 17 de febrero por Sandra Aguirre reviste “gravedad institucional” por el faltante de 78 cheques de pago diferido, por una suma de 9.302.395 pesos, con la correspondiente descripción de los cheques con sus respectivos números, montos y fechas de pago.
En los cheques de pago diferido identificados en la denuncia de extravío presentada por Aguirre, aparecen 24 por la suma cercana a los 2,3 millones de pesos con fechas de acreditación desde el 17 de enero al 17 de febrero de este año. Alertaron que cuando la jefa comunal realizó la presentación sobre el “faltante” en la Comuna, ya se había vencido el plazo para el cobro del primero de esos cheques: 30 días a partir de la fecha de vencimiento.
Y hay otros 54 documentos de pago diferido por una suma aproximada de 6.926.407 pesos, cuyas fechas de pago denunciadas van desde el 18 al 28 de febrero de 2022. Con vencimientos muy próximos al día de la denuncia, por lo cual entendieron que “el faltante no reviste ninguna lógica”.
Pedido de informes a las entidades bancarias y a Juan Pablo Ruiz, representante de la minoría
El caso llegó al Banco Central de la República Argentina (BCRA), estableciendo que entre el 20 y el 24 de abril fueron rechazados 14 cheques de pago diferido, por un total de 2.527.929 pesos. Por ende requirieron al Nuevo Banco de Santa Fe sucursal Maciel, y al Banco Municipal de Rosario sucursal San Lorenzo, los datos de los cheques emitidos por dichas entidades a la Comuna de Gaboto.
A Juan Pablo Ruiz, representante de la minoría de la comisión comunal, le pidieron el pasado 20 de abril información sobre los destinatarios de cada cheque, causa que ha originado la emisión de cada cheque, informe cuál ha sido la investigación administrativa y que se identifique cómo han sido cubiertos esos pagos, refiere la presentación.
Por su parte, el Banco Municipal de Rosario solicitó a su vez a la Comuna de Puerto Gaboto informes sobre otros valores emitidos, requirieron documentación de respaldo, balances y porque son “al portador”, precisaron en la denuncia penal.
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