La Corte falló contra la Anses y destrabó los juicios de los jubilados

La Corte Suprema rechazó ayer una estrategia del organismo previsional que mantenía paralizada la actividad de la Sala II de la Cámara de Apelaciones del fuero de la seguridad social, donde se gestionan los juicios de los jubilados.

zzzznacp2 NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, OCTUBRE 5: La Corte Suprema de Justicia, en forma unánime, ratificó una medida cautelar que impide aplicar el artículo 161 de la ley de medios, que impone un año para la desinversión. Foto NA: ARCHIVO-JUAN VARGASzzzz

En un duro fallo en el que acusa a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de afectar “el apropiado funcionamiento” de la Justicia, cometiendo un abuso “que los jueces no deben tolerar”, la Corte Suprema rechazó ayer una estrategia del organismo previsional que mantenía paralizada la actividad de la Sala II de la Cámara de Apelaciones del fuero de la seguridad social, donde se gestionan los juicios de los jubilados.

Como una advertencia sobre la gravedad del hecho, los jueces consideraron que el accionar oficial causa “perjuicios a los demandantes en procesos en que se debaten cuestiones de naturaleza alimentaria”. Desde julio de 2011, el organismo dirigido por Diego Bossio viene recusando al juez Luis Herrero en todas las causas apeladas que recaen en la Sala II, que Herrero preside.

Se estima que hay cerca de 10.000 expedientes que no pueden tener tratamiento, porque si bien un tribunal integrado por magistrados de la cámara había rechazado las recusaciones, la Anses cuestionó tal decisión y presentó un recurso extraordinario ante el tribunal supremo, para insistir en su postura.

Por voto mayoritario -Eugenio Zaffaroni se expresó en disidencia-, los jueces entendieron que la acción del Gobierno provoca el “vaciamiento de la jurisdicción del magistrado”, es decir, lo dejaba sin funciones, pese a haber sido designado para ejercer un cargo “que debe desempeñar en cuanto dure su buena conducta”. A partir de la sentencia, dictada en la causa “Aguilera Grueso, Emilio c/Anses”, deberá comenzarse la tarea de destrabar las diferentes causas. No será un trámite rápido, según admiten en el fuero, y hasta demandaría que la Corte disponga de más empleados. Cada día ingresan unas 250 nuevas apelaciones de sentencias a las tres salas, el doble de las que llegaban tres años atrás.

El colapso de la justicia previsional por la cantidad de demandas fue tomado en cuenta por la Corte a la hora de decidir apartarse, en forma excepcional, de la regla por la cual no decide sobre recusaciones. “La cuestión en debate excede el interés individual de las partes y se proyecta a numerosas causas, a punto tal que puede afectar la composición y funcionamiento de todo un fuero”, explica el escrito.

El juez Herrero afirmó que el fallo “resguarda el libre ejercicio de la potestad jurisdiccional de los jueces frente al uso abusivo de una facultad procesal, como la recusación masiva sin causa”. El magistrado lamentó, sin embargo, el “excesivo tiempo” que llevó el trámite, lo que determinó la acumulación de expedientes.

Herrero es reconocido por fallos favorables a jubilados, como la habilitación de medidas cautelares para quienes reclaman el ajuste de haberes según criterios ya determinados en causas como Badaro (en esa sentencia, la Corte determinó que entre 2002 y 2006 los ingresos debieron haber seguido la evolución de los salarios, con una mejora nominal del 88,4%). Esas cautelares le ordenan a la Anses, bajo pena de multas personales, actualizar el monto del haber mensual, sin que el jubilado tenga que esperar la resolución final del litigio, momento para el que sí queda el pago del retroactivo.

Las cautelares de la Sala II fueron avaladas por el juez Emilio Fernández que, junto con Herrero, tienen un pedido de investigación abierto en el Consejo de la Magistratura por parte de la Anses. Ese antecedente y la comunicación pública que hizo el Gobierno respecto de la acusación fueron uno de los pilares para que no prosperaran las recusaciones. Ocurre que la Anses usó la herramienta de recusar sin causa, lo que inhabilita el rechazo del recurso. Sin embargo, como se había difundido la denuncia, el primer tribunal que consideró el tema entendió que sí existía una causa. Y de esa forma, la recusación es objeto de análisis para su aprobación o rechazo.

Si bien el fallo de la Corte tenía la firma de los jueces desde hacía varios días, fue emitido ayer, poco después de que la presidenta Cristina Kirchner cuestionara la “catarata de juicios” contra la Anses y asimilara a los jubilados con los “caranchos”.

Contra el Pami

La Corte Suprema reconoció ayer el derecho de todos los ciudadanos a acceder libremente a la información que está en poder del Estado y, además, condenó al PAMI a revelar cómo distribuye la publicidad oficial entre los medios. “El fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios se desempeñan”, dice la sentencia, que califica a la información como el “oxígeno de la democracia”.

Señala, además, que este derecho permite a los ciudadanos “controlar la corrupción y mejorar la eficacia de los gobiernos”. Y sostiene que todos los órganos estatales y hasta las empresas privadas que cumplen funciones públicas están obligados a responder las eventuales consultas de la población. El fallo tiene una gran importancia porque recuerda la obligación del Estado de respetar un derecho que está contemplado en la Constitución y que es ampliamente reconocido en tratados internacionales, pero que en el país, sobre todo en los últimos años, es denegado por las autoridades.

La decisión, implícitamente, es un respaldo a los cuestionamientos que la prensa independiente y organizaciones de la sociedad civil hacen a la falta de transparencia en la administración kirchnerista. Y se conoció sólo cuatro días después de que el Congreso dejara caducar un proyecto de ley para regular el acceso a la información.

Además, mañana llega al país una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), preocupada por el ataque del Gobierno contra el Grupo Clarín. La entidad es una firme defensora del derecho de acceso a la información. Sus enviados pidieron cita con la Corte, pero en principio no serían recibidos.

La causa sobre la que sentó posición la Corte había sido iniciada por la Asociación de Derechos Civiles (ADC), que le pidió al PAMI que le informara sobre su presupuesto de publicidad de 2009 y cómo la distribuyó en mayo y junio de ese año. Lo hizo bajo la sospecha de que la publicidad fue entregada, preferentemente, en beneficio de medios afines a la política oficialista. Pero el PAMI rechazó el planteo porque, dijo, el organismo de los jubilados no es un ente estatal y, por lo tanto, no le es directamente aplicable el decreto 1172/03.

El 22 de noviembre pasado, la Corte Suprema, que preside Ricardo Lorenzetti, realizó una audiencia pública durante la cual los directores del PAMI no fueron convincentes. Y, ayer, con la firma de sus siete integrantes, el tribunal dictó un fallo que, más allá del PAMI, reconoce la obligación de todos los organismos del Estado de permitir el acceso a la información.

No importa que el PAMI sea un organismo estatal o no estatal. Lo importante es que la información en sí misma es pública y son públicos los intereses de la ONG que solicita los datos, señalaron los ministros. “Aun cuando el PAMI no sea un órgano estatal, dada sus especiales características y los importantes intereses públicos involucrados, la negativa a brindar información es arbitraria.”

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