La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió anular la homologación del acuerdo preventivo de Vicentin, pero sin ordenar el inicio del cramdown, el proceso que permitiría a terceros interesados competir por el control de la empresa. En su fallo, el máximo tribunal provincial determinó que la Cámara de Apelaciones de Reconquista no fundamentó adecuadamente la validez del plan de pagos de la agroexportadora y decidió remitir la causa a la Cámara de Apelaciones de Rafaela para un nuevo tratamiento.
La decisión, firmada por los jueces Daniel Erbetta, María Angélica Gastaldi, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y el presidente del tribunal, Roberto Falistocco, vuelve a abrir interrogantes sobre el futuro de la empresa, que lleva cinco años en concurso preventivo tras su cesación de pagos en diciembre de 2019.
Los fundamentos del fallo
El fallo de la Corte santafesina se centró en la presunta violación del principio de igualdad de trato entre los acreedores y la falta de análisis suficiente sobre la viabilidad del acuerdo propuesto por Vicentin.
“El actual proceso colectivo posee una relevancia sustancial en términos económicos y sociales para la Provincia, la región y el país en general. Ello obedece al hecho de que la sociedad concursada detenta un rol protagónico en la agroindustria argentina”, señalaron los magistrados en la sentencia.
Uno de los puntos centrales del fallo es la crítica a la falta de categorización de los acreedores en el concurso, lo que generó, según la Corte, un tratamiento desigual en la captación de votos para la aprobación del acuerdo. “El no ejercicio de la facultad de categorización de acreedores gravitó de manera negativa respecto a la operatividad de los principios de transparencia y buena fe en el proceso concursal”, sostiene la resolución.
El tribunal también cuestionó el esquema de pagos propuesto por Vicentin, que contemplaba un primer pago inmediato de hasta 30.000 dólares para todos los acreedores, seguido de pagos adicionales escalonados a lo largo de 12 años. Según los jueces, esto provocó que algunos acreedores obtuvieran la totalidad de su crédito de manera inmediata, mientras que otros afrontaban esperas y quitas significativas, lo que atenta contra el principio de igualdad de trato.
La Cámara de Rafaela, nueva instancia clave
Tras anular la homologación del acuerdo, la Corte decidió remitir el expediente a la Cámara de Apelaciones de Rafaela, lo que implica una nueva instancia de análisis. En esta etapa, la Cámara deberá evaluar si el plan de pagos cumple con los principios de equidad y razonabilidad exigidos por la Ley de Concursos y Quiebras.
“El Tribunal a quo incurrió en arbitrariedad normativa y fáctica, lo que impide considerar la sentencia como un acto jurisdiccional válido”, argumentaron los jueces.
Este cambio de jurisdicción deja a la empresa y sus acreedores en un escenario de incertidumbre, dado que el nuevo tribunal podría revocar el acuerdo y ordenar el cramdown, o bien confirmar la homologación con nuevas consideraciones.
Cinco años de incertidumbre
El concurso de Vicentin se ha convertido en un caso emblemático de la crisis empresarial en Argentina. Desde su cesación de pagos en diciembre de 2019, la compañía ha atravesado múltiples instancias judiciales, negociaciones con acreedores y un intento fallido del Gobierno nacional por estatizarla en 2020.
El fallo de la Corte Suprema de Santa Fe suma un nuevo capítulo a esta historia, dejando en suspenso la resolución definitiva. Mientras tanto, la compañía sigue operando en un contexto financiero extremadamente complejo y con un futuro incierto para sus trabajadores y acreedores.
¿Qué sigue para Vicentin?
Con el caso en manos de la Cámara de Rafaela, la resolución del concurso podría tomar varios meses más. La empresa deberá seguir negociando con sus acreedores y esperar una definición que permita darle previsibilidad a su operatoria.
El fallo de la Corte santafesina no cerró la puerta a un posible cramdown en el futuro, pero tampoco lo habilitó de manera inmediata. Esto significa que la continuidad de Vicentin y el destino de su deuda de más de 1.500 millones de dólares siguen en juego, con un proceso que, lejos de resolverse, sigue acumulando incertidumbre.
