El Juez de Primera Instancia, Dr. Gazza, dictó este jueves la prisión preventiva efectiva hasta el 3 de febrero de 2026 para Martín R., el portero de una escuela primaria de Fray Luis Beltrán imputado por los delitos de abuso sexual simple y tentativa de corrupción de menores agravada por ser las víctimas menores de trece años.
La resolución se tomó en el marco de la audiencia imputativa realizada en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo, donde la Fiscal Dra. Victoria Vigna le atribuyó al acusado haber promovido la corrupción de seis alumnos de entre 11 y 12 años, además de haber abusado sexualmente de un menor mediante tocamientos.
Los hechos investigados habrían ocurrido dentro del establecimiento educativo en el que el imputado se desempeñaba como portero desde marzo de 2025. Por razones legales y para preservar la identidad de las víctimas, no se brindaron detalles del contenido de las declaraciones ni de las circunstancias específicas de los hechos.
El planteo de la defensa: “Prueba frágil y delito desproporcionado”
Durante la audiencia, el abogado defensor Gustavo Franceschetti pidió rechazar la prisión preventiva, cuestionando lo que consideró una “fragilidad probatoria” en la acusación del Ministerio Público Fiscal.
El letrado sostuvo que gran parte de la evidencia se basa en “testimonios doblemente de oídas”, es decir, en relatos de padres que solo repiten lo que escucharon de sus hijos, quienes a su vez lo oyeron de otros compañeros.
Asimismo, negó que exista material pornográfico relacionado con el hecho. Según Franceschetti, el único testigo directo, un menor, mencionó haber visto “la carita de una chica” en una revista, sin contenido sexual explícito, contradiciendo versiones indirectas que hablaban de imágenes pornográficas.
El defensor calificó la figura penal de corrupción de menores como “desproporcionada y exagerada”, al considerar que los hechos descriptos “no son idóneos para corromper o alterar el desarrollo sexual de los niños”. A su entender, podrían encuadrarse como una “incorrección” o “conducta inapropiada”, pero no en un delito que prevé penas de 6 a 15 años de prisión.
Caución millonaria y cambio de residencia
Para descartar riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación, la defensa propuso una caución patrimonial de 30 millones de pesos, garantizada con el embargo de dos vehículos, además de obligación de presentarse semanalmente ante la autoridad judicial, prohibición de salir del país y cambio inmediato de residencia a otra localidad para evitar cualquier contacto con el entorno de las víctimas.
Franceschetti remarcó que su defendido “tiene arraigo en la zona, carece de antecedentes penales y ha trabajado durante años en diferentes escuelas sin sanciones”.
El abogado también denunció un “clima de violencia” en torno al caso, relatando que durante la detención de Martín R. un grupo de unas treinta personas intentó “hacer justicia por mano propia”, llegando a agredir al personal policial.
Además, presentó capturas de pantalla de mensajes y amenazas de muerte en redes y grupos de WhatsApp, donde se incitaba a “prender fuego la casa y el auto” del imputado y su familia. Solicitó a la Fiscalía que investigue estos hechos.
Pese a los planteos defensivos, el juez consideró acreditados los riesgos procesales y ordenó la prisión preventiva efectiva de Martín R. hasta febrero de 2026, mientras continúa la investigación.
