Narcoterrorismo

La hidrovía en la mira global: el Plan Paraná de Bullrich y la nueva doctrina antidrogas de EE.UU. ponen a los puertos de nuestra región en zona estratégica

La hidrovía en la mira global: el Plan Paraná de Bullrich y la nueva doctrina antidrogas de EE.UU. ponen a los puertos de nuestra región en zona estratégica

Foto con IA
El Ministerio de Seguridad lanzó el Plan Paraná para controlar la Hidrovía Paraná–Paraguay. En simultáneo, EE.UU. amplió su estrategia de “guerra contra el narcoterrorismo” con la Operación Lanza del Sur. Los puertos de nuestra región quedan en el centro de una agenda hemisférica de vigilancia, control y presión internacional.

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El Ministerio de Seguridad lanzó el Plan Paraná para controlar la Hidrovía Paraná–Paraguay. En simultáneo, EE.UU. amplió su estrategia de “guerra contra el narcoterrorismo” con la Operación Lanza del Sur. Los puertos de nuestra región quedan en el centro de una agenda hemisférica de vigilancia, control y presión internacional.

La seguridad en la Hidrovía Paraná–Paraguay acaba de atravesar un punto de inflexión. La Resolución 1307/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial, aprobó el denominado Plan Paraná, una política de control integral sobre toda la vía fluvial que conecta Asunción con Buenos Aires y que funciona como eje logístico del comercio exterior argentino. La decisión se presenta en simultáneo con un realineamiento internacional que proviene desde Washington, donde el gobierno estadounidense lanzó la “Operación Lanza del Sur”, una ofensiva que retoma la doctrina de combate al “narcoterrorismo” y que vuelve a colocar a los corredores marítimos y fluviales de América Latina bajo supervisión estratégica.

En este escenario convergente, los puertos de nuestra región quedan situados en un lugar central. La franja portuaria que integran San Lorenzo, Puerto General San Martín, Timbúes, Ricardone y los nodos logísticos del Cordón Industrial opera más del 75 por ciento de las exportaciones agroindustriales del país y representa uno de los clusters productivos más relevantes de Sudamérica. Es precisamente esa concentración de terminales privadas, embarcaderos secundarios, accesos múltiples y un flujo permanente de barcazas lo que convierte al sector en un punto sensible para las organizaciones criminales transnacionales que buscan contaminar cargas, utilizar infraestructura auxiliar para maniobras de trasbordo o desplegar actividades vinculadas al contrabando, la trata de personas o el lavado de activos.

La resolución firmada por Patricia Bullrich sostiene que la Hidrovía se ha vuelto un espacio vulnerable por su extensión, por la densidad de puertos y por la capacidad limitada de los controles tradicionales para detectar operaciones ilícitas en tiempo real. Para enfrentar ese escenario, el Plan Paraná incorpora tecnología de vigilancia avanzada, radares, drones, scanners, cámaras térmicas y un sistema de monitoreo continuo que deberá ser ejecutado por un Comando Unificado integrado por Prefectura Naval, Gendarmería, Policía Federal y la PSA. La estrategia se desplegará por zonas operativas denominadas polígonos. Los puertos de nuestra región quedan comprendidos dentro del tramo que va desde la ciudad de Paraná hasta San Nicolás, y que concentra la mayor actividad exportadora del país.

El movimiento argentino ocurre al mismo tiempo que Estados Unidos redefine su política de seguridad hemisférica. Bajo la idea de que “el hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos y debe ser protegido”, la administración norteamericana impulsa una coordinación más estrecha entre agencias de seguridad, sistemas de vigilancia, sanciones financieras y cooperación entre puertos estratégicos del continente. Desde la perspectiva de Washington, las organizaciones delictivas que operan en la hidrovía no son meros actores criminales sino estructuras calificadas como “narcoterroristas”, capaces de contaminar exportaciones, financiar redes violentas y amenazar la estabilidad de la región.

La confluencia entre el Plan Paraná y la Operación Lanza del Sur genera un cambio de etapa para nuestra zona portuaria. Por un lado, la presión internacional impulsa mayores niveles de trazabilidad, auditorías más rigurosas y controles aleatorios dentro de terminales que hasta ahora funcionaban con sistemas internos de compliance propios del sector privado. Por otro, el Estado nacional busca consolidar una presencia federal sostenida en un territorio donde la infraestructura logística convive con entornos vulnerables al crimen organizado.

Para terminales, operadores, exportadores y agencias marítimas de la región, el nuevo escenario implica convivir con un sistema de vigilancia que ya no se limita a controles presenciales sino que suma monitoreo digital, intercambio de información con organismos multilaterales y un escrutinio constante sobre cargas y movimientos. La competitividad y la eficiencia, que siempre fueron el corazón del modelo agroexportador de la región, deberán ahora integrarse a políticas de seguridad más estrictas sin afectar la fluidez de la operación diaria.

El lanzamiento del Plan Paraná y la ofensiva hemisférica de Estados Unidos colocan a la Hidrovía y a los puertos de nuestra región en un tablero donde la logística, la geopolítica y la seguridad se entrelazan de manera estructural. Lo que está en juego no es solamente la protección del corredor fluvial más importante del país, sino la capacidad de sostener un sistema productivo que depende de un equilibrio complejo: combatir al crimen organizado sin frenar el corazón operativo de la economía argentina.

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