La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Matías Leonel Romero y Diego Lucas Quiroz, acusados de amenazar a Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro en un video difundido a principios de diciembre. En contraste, el tribunal revocó el procesamiento de David Rubén Quiroz, dictando su falta de mérito y ordenando su liberación inmediata.
El hecho que desencadenó la causa ocurrió el 1 de diciembre, cuando se viralizó una grabación en redes sociales donde cuatro individuos, armados y encapuchados, emitían amenazas directas contra la ministra de Seguridad y el gobernador de Santa Fe. El mensaje acusaba a Pullaro de connivencia con bandas delictivas en Rosario y advertía sobre futuros actos de violencia en Buenos Aires.
Las detenciones de los sospechosos, todos oriundos de Puerto General San Martín, se realizaron tras allanamientos en sus domicilios. Los imputados, identificados como Romero, Diego Quiroz y David Quiroz, negaron los cargos y declararon su inocencia durante las indagatorias.
La jueza María Servini procesó inicialmente a los tres acusados por intimidaciones públicas y amenazas agravadas con el propósito de aterrorizar a la población. No obstante, la Cámara Federal, integrada por Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, mantuvo los procesamientos de Romero y Diego Quiroz, considerando que las pruebas eran suficientes para sostener la acusación.
En el caso de David Quiroz, los jueces determinaron que no había evidencia concluyente que lo vinculara con la grabación. Las características físicas del acusado no coincidían con las del sujeto en el video, y su entrega voluntaria contribuyó a la decisión de revocar su procesamiento. Aunque quedó en libertad, seguirá bajo investigación.
El tribunal también instruyó a la jueza Servini a implementar medidas urgentes para avanzar en la causa, con el objetivo de esclarecer las responsabilidades de los involucrados.
Este caso, que involucra amenazas a figuras políticas de alto perfil, pone nuevamente el foco en la necesidad de proteger a las instituciones democráticas frente a actos de intimidación vinculados al crimen organizado.
