La causa que investiga si existieron comedores fantasmas durante la gestión de Alberto Fernández tuvo importantes avances en las últimas semanas. En el caso que lleva adelante el fiscal Ramiro González, se logró detectar que un grupo de organizaciones y asociaciones que recibieron miles de millones de pesos estaban a cargo de merenderos inexistentes.
La Justicia analiza los convenios que el exministerio de Desarrollo Social firmó con diferentes asociaciones civiles y pese a que aún resta estudiar decenas de expedientes ya se confirmaron las primeras irregularidades: al menos cinco organizaciones recibieron un total de $5.331.433.029 pese a que dentro del universo de comedores que administraban, un buen número eran inexistentes.
Las asociaciones y organizaciones en la mira son: El Amanecer de los Cartoneros, vinculada a Juan Grabois; Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Fundación Conurbano; Centro de Estudios para la Autogestión y la Asociación Civil 8 de junio. En algunos casos el dinero fue enviado desde Desarrollo Social en apoyo a los comedores que estas organizaciones administraban y en otros para la compra de alimentos secos.
La Justicia confirmó que más de $5.000 millones se enviaron a organizaciones que tenían comedores fantasmas
Los investigadores lograron dar con estas anomalías después de que el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello entregara la documentación respaldatoria a la Justicia de cada uno de los convenios, lo que no había ocurrido hasta no hace mucho tiempo atras.
A modo de ejemplo, la Justicia comprobó que el Ministerio de Desarrollo Social firmó en 2023 un convenio con El Amanecer de los Cartoneros, una asociación vinculada al dirigente Juan Grabois en el marco de un proyecto de “apoyo a comedores y merenderos comunitarios”. Esta organización dijo tener a cargo 167 comedores y merenderos por los que recibió en total $172.852.297 entre el 6 de febrero de 2023 y el 2 de marzo de ese año. Del universo de comedores, se analizaron 52, de los que 18 no funcionaban. Los mismos estaban distribuidos en 19 provincias de todo el país.
El convenio fue firmado por el presidente de El Amanecer de los Cartoneros, Gonzalo Prestia, y el tesorero, Alejandro Valiente. La organización garantizaba que el dinero se iba a destinar a tareas alimenticias y distribución de los elementos adquiridos. El convenio duraba seis meses.
“Lo que se determinó hasta el momento es que muchos de los comedores no funcionaban y que recibieron alimentos secos y no existían. Qué hicieron con el dinero que iba a esos lugares inexistentes es por ahora un misterio”, expresó una fuente judicial.
En el expediente que lleva adelante el fiscal Ramiro González se investiga el posible delito de “defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. La causa se originó a comienzos de año a raíz de una denuncia de las autoridades del Ministerio de Capital Humano, que señalaron que tras realizar una auditoría determinaron que el 32% de los comedores inscriptos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM) no funcionaba más; el 25% de los datos de preinscripción no coincidían con los datos reales y el 16% nunca habría funcionado como comedor.
Otro convenio en la mira es el que firmó Desarrollo Social con la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para asistir a 145 comedores y merenderos por un total de $342.814.949. La investigación determinó que de un muestreo de 57 de estos comedores, 14 no funcionaban y figuraban entre los que habían recibido la asistencia. El dinero, en su totalidad, se transfirió el 25 de agosto de 2023. El acuerdo fue firmado por Sergio Alejandro Sánchez, presidente de la cooperativa.
Por otra parte, la Justicia también colocó la mira en aquellas organizaciones que presentaban irregularidades en la administración de sus comedores y que recibieron fondos para la compra de alimentos secos que debían ser entregados entre los sectores más vulnerables.
- Fundación Conurbano: $306.948.572
- Centro de Estudios para la Autogestión $168.345.324
- El Amanecer de los Cartoneros: $1.124.752.424
- Federación de Cooperativas de Reciclado Limitado: $1.280.029.677
- Centro de Estudios y Trabajo para la igualdad Social (CEYTIS): $1.583.977.516
Para los investigadores es muy difícil establecer a dónde fue el dinero que se debía destinar a los alimentos secos. Por ahora se encuentran en la etapa de análisis de los remitos y documentación respaldataria que cada una de estas asociaciones presentó para recibir el dinero.
La Justicia también investiga irregularidades en la compra de alimentos secos
Al grupo de asociaciones anteriormente mencionadas se le suma la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitado con 142 comedores a cargo y que recibió $178.859.973 millones y la Asociación Civil 8 de junio que firmó convenios por un total de $288.452.640.
La Oficina Anticorrupción es querellante en el caso y en el último mes el organismo que conduce Alejandro Melik aportó pruebas que demuestran que en las rendiciones de gastos de las organizaciones sociales a cargo de los comedores se puede ver que comedores ubicados en Chaco y Formosa y otras provincias del norte y centro del país realizaban compras de alimentos a comercios ubicados en Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego, es decir, a cientos de kilómetros.
El organismo apuntó contra la Asociación Civil 18 de Mayo que en dos expedientes dijo tener a cargo 159 comedores/merenderos en provincias del centro y norte del país. El Ministerio de Desarrollo Social proveía de millones de pesos a esa organización para la compra de alimentos.
Sin embargo, en la presentación de la OA se destacaba un dato muy particular: en las rendiciones de cuentas, la Asociación Civil 18 de mayo dijo haber comprado alimentos en provincias del sur del país para comedores que estaban ubicados en el otro extremo.
Un ejemplo de esto es la compra de muzzarella, ricota y queso cremoso que hizo la Asociación Civil 18 de mayo a la empresa Global PVC SRL por casi $50.000, que está ubicada en Puerto Madryn. Para las autoridades de la Oficina Anticorrupción, se trata de una compra irregular si se tiene en cuenta que según pudo saber TN, la asociación en cuestión dijo tener a cargo comedores en Santa Fe, Salta, Misiones, San Juan, Mendoza, Entre Ríos, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Córdoba, Catamarca, Chaco, Formosa y Buenos Aires.
¿Por qué compraría entonces la mercadería en Chubut? No se descarta que la maniobra sea, en rigor, una simulación de una factura por alimentos que nunca se compraron y cuyo dinero fue utilizado con otro destino.
Caso San Lorenzo
La matriz de corrupción tuvo en la ciudad un caso de extrema gravedad que la provincia de Santa Fe logró detectar con información encontrada en una de las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social. Funcionarios del gobierno del gobernador Maximiliano Pullaro realizaron una extensa auditoría y trabajo de campo para juntar las pruebas necesarias para realizar una denuncia penal que hoy instruye el fiscal de de la Agencia de Criminalidad Organizada, José Luis Caterina.
La organización Protegiendo Sueños fue creada en 2022 un año antes de que comience el proceso electoral con dirección en calle Diagonal Berardo un domicilio donde funcionó durante toda la campaña electoral el bunker de campaña del concejal Esteban Aricó. La ONG recibía fondos para servir comida cocinada para niños, en el lugar nunca se sirvió comida, se estima que sólo en un plan la organización recibió más de 70 millones de pesos.
Cuando el escándalo llegó a los medios de comunicación el concejal Aricó envió camiones para vaciar el lugar de urgencia ante la posibilidad de allanamientos judiciales. Vecinos lograron registrar cómo sacaban del lugar carteles de campaña con la cara del político sanlorencino.
Esteban Aricó montó desde 2022 una de las campañas electorales más costosas de las que se tenga memoria. Se estima que entre publicidad online, cartelería, ayudas en efectivo y hasta la creación de un medio de comunicación partidario Data365 (medio que figuraba a nombre del hijo de la secretaría de la ONG Protegiendo Sueños Maria Cristina Ramiréz) el concejal sanlorencino gastó cerca de 700 mil dólares o 7000 mil millones de pesos.
El concejal sigue invirtiendo publicidad en redes sociales que superan los 700 mil pesos por mes, una parte de esos fondos se gastan en el medio creado a los fines de difamar dirigentes Data365 y en su perfil de instagram Esteban Aricó.
Los avances de la causa contra la comisión directiva de la ONG Protegiendo Sueños desprende una nueva investigación sobre la ruta del dinero para saber a dónde fueron a parar los más de 70 millones de pesos que no fueron a parar a alimentos para niños en situación vulnerable.
