Un largo y tenso conflicto que afectaba la operatividad diaria y la seguridad de los trabajadores de la empresa IDM S.A. en la ciudad de San Lorenzo tuvo una resolución determinante en los Tribunales locales.
A través de la Resolución Judicial N° 1174, la jueza a cargo del Juzgado de 1ª Instancia de Distrito en lo Laboral de San Lorenzo, Dra. Mariana M. Otárola (con intervención de la secretaria Dra. Gabriela A. Forlini), dictó una serie de medidas cautelares urgentes dentro de los autos caratulados “IDM S.A. c/ Aragón Jorge Alberto s/ Medidas Cautelares y Preparatorias” (CUIJ 21-17081348-8).
El fallo judicial le puso un límite tajante al hostigamiento constante y a la presencia de un colectivo apostado en el ingreso a la planta sobre la Ruta Provincial 10, ordenando la restricción física del denunciado y el desmantelamiento de sistemas de vigilancia no autorizados.
Perimetral de 500 metros y auxilio de la fuerza pública
La resolución de la magistrada establece disposiciones de estricto cumplimiento para salvaguardar el normal desenvolvimiento de la planta industrial y la integridad del personal:
- Prohibición de acercamiento: Se ordenó la exclusión absoluta de Jorge Alberto Aragón a una distancia no menor a quinientos (500) metros a la redonda del perímetro externo, portones y accesos a la planta de IDM sobre Ruta 10 por el plazo de tres meses.
- Cese de hostigamiento: El cese inmediato de todo acto de perturbación, intimidación o bloqueo contra directivos, dependientes y transportistas.
- Desmonte de cámaras: Se libró la orden para la desconexión, desmonte y secuestro de los dispositivos de videovigilancia fijos que se encontraban instalados en las unidades apostadas en el exterior, con los que se monitoreaba el movimiento de los trabajadores.
- Uso de la fuerza pública: Se facultó al Oficial de Justicia y a la Policía de Santa Fe a actuar en días y horas inhábiles e incluso a remover físicamente a los infractores en caso de registrarse cualquier tipo de resistencia.
En el diligenciamiento de la medida judicial intervienen los letrados patrocinantes de la empresa, Dres. Gustavo E. Feldman y Marcos Peiretti.
El trasfondo: recuperación productiva bajo extorsión
El conflicto en los portones de IDM se extendía desde hacía meses, afectando el proceso de recuperación industrial y saneamiento ambiental que lleva adelante el nuevo grupo a cargo de la firma.
Aragón —quien actúa como apoderado de accionistas minoritarios— mantenía estacionado un vehículo de gran porte en la entrada del predio fabril, entorpeciendo el paso de camiones y atemorizando al personal, a pesar de que ya existían mandas previas que habían exigido su retiro.
Giro a los fueros penales
Un aspecto clave del decisorio de la Dra. Otárola radica en que la jueza laboral dispuso remitir formalmente los antecedentes a la Justicia Penal y al Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Al advertir que los hechos denunciados y el patrón de intimidaciones desplegado configuran presuntas maniobras extorsivas que exceden el marco estrictamente laboral, la magistrada dio intervención a la fiscalía penal y notificó al sindicato que nuclea a los trabajadores afectados para que tomen conocimiento de la gravedad de la situación.
Con el mandamiento judicial notificado y la orden perimetral en vigencia, la planta de IDM en San Lorenzo recupera las garantías necesarias para operar con normalidad sobre el corredor de la Ruta 10.
